El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de Isabel Perón. El nuevo gobierno se auto tituló “Proceso de Reorganización Nacional” y sus primeras medidas fueron el establecimiento de la pena de muerte para quienes hirieran o mataran a cualquier integrante de las fuerzas de seguridad, la “limpieza” de la Corte Suprema de Justicia, el allanamiento y la intervención de los sindicatos, la prohibición de toda actividad política, la fuerte censura sobre los medios de comunicación y el reemplazo del Congreso por la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), también integrada por civiles y militares, cuyas funciones nunca se precisaron detalladamente.
A poco de andar, sin embargo, quedó en evidencia que las Fuerzas Armadas habían asumido el poder político como representantes de los intereses de los grandes grupos económicos, quienes pusieron en marcha un plan que terminaría por desmantelar el aparato productivo del país.
Las Fuerzas Armadas pusieron todos los resortes del Estado al servicio de una represión sistemática y brutal contra todo lo que arbitrariamente definían como el “enemigo subversivo”. Los crímenes cometidos por los militares son hoy denominados en el derecho internacional como “delito de lesa humanidad”. Treinta mil desaparecidos, 400 niños robados y un país destruido fue el saldo más grave de la ocupación militar.
Proclama del 24 de marzo de 1976
“Agotadas todas las instancias de mecanismo constitucionales, superada la posibilidad de rectificaciones dentro del marco de las instituciones y demostrada en forma irrefutable la imposibilidad de la recuperación del proceso por las vías naturales, llega a su término una situación que agravia a la Nación y compromete su futuro. Nuestro pueblo ha sufrido una nueva frustración. Frente a un tremendo vacío de poder, capaz de sumirnos en la disolución y la anarquía, a la falta de capacidad de convocatoria que ha demostrado el gobierno nacional, a las reiteradas y sucesivas contradicciones demostradas en las medidas de toda índole, a la falta de una estrategia global que, conducida por el poder político, enfrentara a la subversión, a la carencia de soluciones para el país, cuya resultante ha sido el incremento permanente de todos los exterminios, a la ausencia total de los ejemplos éticos y morales que deben dar quienes ejercen la conducción del Estado, a la manifiesta irresponsabilidad en el manejo de la economía que ocasionara el agotamiento del aparato productivo, a la especulación y corrupción generalizadas, todo lo cual se traduce en una irreparable pérdida del sentido de grandeza y de fe, las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de una obligación irrenunciable, han asumido la conducción del Estado. Una obligación que surge de serenas meditaciones sobre las consecuencias irreparables que podía tener sobre el destino de la Nación, una actitud distinta a la adoptada.
”Esta decisión persigue el propósito de terminar con el desgobierno, la corrupción y el flagelo subversivo, y sólo está dirigida contra quienes han delinquido y cometido abusos del poder. Es una decisión por la Patria, y no supone, por lo tanto, discriminaciones contra ninguna militancia cívica ni sector social alguno. Rechaza por consiguiente la acción disociadora de todos los extremismos y el efecto corruptor de cualquier demagogia. Las Fuerzas Armadas desarrollarán, durante la etapa que hoy se inicia, una acción regida por pautas perfectamente determinadas. Por medio del orden, del trabajo, de la observancia plena de los principios éticos y morales, de la justicia, de la realización integral del hombre, del respeto a sus derechos y dignidad. Así la República llegará a la unidad de los argentinos y a la total recuperación del ser nacional, metas irrenunciables, para cuya obtención se convoca a un esfuerzo común a los hombres y mujeres, sin exclusiones, que habitan este suelo, tras estas aspiraciones compartidas, todos los sectores representativos del país deben sentirse claramente identificados y, por ende, comprometidos en la empresa común que conduzca a la grandeza de la Patria.
”Al contraer las Fuerzas Armadas tan trascendente compromiso formulan una firme convocatoria a toda la comunidad nacional. En esta nueva etapa hay un puesto para cada ciudadano. La tarea es ardua y urgente, pero se la emprende con el absoluto convencimiento de que el ejemplo se predicará de arriba hacia abajo y con fe en el futuro argentino.
”La conducción del proceso se ejercitará con absoluta firmeza y vocación de servicio. A partir de este momento, la responsabilidad asumida impone el ejercicio severo de la autoridad para erradicar definitivamente los vicios que afectan al país. Por ello, a la par que se continuará sin tregua combatiendo a la delincuencia subversiva, abierta o encubierta, se desterrará toda demagogia.
”No se tolerará la corrupción o la venalidad bajo ninguna forma o circunstancia, ni tampoco cualquier trasgresión a la ley en oposición al proceso de reparación que se inicia.
”Las Fuerzas Armadas han asumido el control de la República. Quiera el país todo comprender el sentido profundo e inequívoco de esta actitud para que la responsabilidad y el esfuerzo colectivo acompañen esta empresa que, persiguiendo el bien común, alcanzará con la ayuda de Dios, la plena recuperación nacional.”
Jorge Rafael Videla, Tte. Gral., Comandante Gral. del Ejército;
Emilio Eduardo Massera, Almte., Comandante Gral. de la Armada;
Orlando Ramón Agosti, Brig. Gral., Comandante Gral. de la Fuerza Aérea.
24 de marzo de 1976 – Las voces del pasado
El 24 de marzo de 1976 comienza en el país una dictadura que se cobró la vida de 30.000 personas y desmanteló el aparato productivo del país. A continuación, reproducimos fragmentos de dos discursos de Jorge Rafael Videla –presidente de facto entre 1976 y 1981- donde describe el carácter de la lucha contra la subversión y qué entendían por terroristas quienes gobernaron el país durante más de siete años. También incluimos un testimonio de Nora Cortiñas, una de las fundadoras de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, donde relata su experiencia personal durante aquellos años.
Fuente: Fragmento del discurso de Jorge Rafael Videla al asumir la presidencia, el 30 de marzo de 1976. Diario La Nación, 31 de marzo de 1976.
El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Colocado al borde de la disgregación, la intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible, frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia. (…) El uso indiscriminado de la violencia de uno y otro signo, sumió a los habitantes de la Nación en una atmósfera de inseguridad y de temor agobiante. Finalmente, la falta de capacidad de las instituciones (…) condujo a una total parálisis del Estado, frente a un vacío de poder incapaz de dinamizarlo. Profundamente respetuosas de los poderes constitucionales (…) las Fuerzas Armadas hicieron llegar, en repetidas oportunidades, serenas advertencias sobre los peligros que importaban tanto las omisiones como las medidas sin sentido. Su voz no fue escuchada. Ninguna medida de fondo se adoptó en consecuencia. Ante esta drástica situación, las Fuerzas Armadas asumieron el gobierno de la Nación. Sólo el Estado, para el que no aceptamos el papel de mero espectador del proceso, habrá de monopolizar el uso de la fuerza y consecuentemente sólo sus instituciones cumplirán las funciones vinculadas a la seguridad interna. Utilizaremos esa fuerza cuantas veces haga falta para asegurar la plena vigencia de la paz social. Con ese objetivo combatiremos, sin tregua, a la delincuencia subversiva en cualquiera de sus manifestaciones, hasta su total aniquilamiento.
Declaraciones del general Jorge Rafael Videla
Fuente: Declaraciones del teniente general Jorge R. Videla a periodistas británicos, publicadas en el diario La Prensa, el 8 de diciembre de 1977, citadas por Andrés Avellaneda, en Censura, autoritarismo y cultura: Argentina 1960-1983.
La Argentina es un país occidental y cristiano, no porque está escrito así en el aeropuerto de Ezeiza; la Argentina es occidental y cristiano porque viene de su historia. Es por defender esa condición como estilo de vida que se planteó esta lucha contra quienes no aceptaron ese sistema de vida y quisieron imponer otro distinto… Por el solo hecho de pensar distinto dentro de nuestro estilo de vida nadie es privado de su libertad, pero consideramos que es un delito grave atentar contra el estilo de vida occidental y cristiano queriéndolo cambiar por otro que nos es ajeno, y en este tipo de lucha no solamente es considerado como agresor el que agrede a través de la bomba, del disparo o del secuestro, sino también aquél que en el plano de las ideas quiera cambiar nuestro sistema de vida a través de ideas que son justamente subversivas; es decir subvierten valores, cambian, trastocan valores… El terrorista no sólo es considerado tal por matar con un arma o colocar una bomba, sino también por activar a través de ideas contrarias a nuestra civilización…
Testimonio de Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo
Fuente: Entrevista de Enrique C. Vázquez a Nora Cortiñas, del jueves 15 de agosto de 1996
“Hasta que se llevaron a mi hijo teníamos un hogar común, de clase media baja, con un padre de familia muy trabajador que tenía la responsabilidad de traer el salario, y con dos hijos varones, Marcela y Gustavo, a los que les dábamos la educación con el sacrificio que se hace en una casa donde todo se consigue en base a mucho esfuerzo.
En nuestra familia siempre nos hemos ayudado los unos a los otros. Aprendían a compartir a ayudarse, a ser solidarios entre ellos. Estas cosas se van filtrando, van haciendo que en los chicos se despierte un deseo por ayudar a los demás. La solidaridad en la familia es muy importante.
Gustavo comenzó o trabajar de muy jovencito, cuando tenía 12 ó 13 años, en el club del ministerio de economía durante los meses de verano. Cuando cumplió 18 años, Gustavo empezó a trabajar en un empleo fijo, de tiempo completo. Ahí tenía compañeros que participaban en las tareas de acción social del padre Carlos Mugica, en la villa 31 de Retiro. Desde esa edad empezó o ir a la villa; se interesó por compartir con la gente humilde los ideales de justicia social. Al mismo tiempo, empezó a militar en la Juventud Peronista. Ya había terminado el secundario y estudiaba Ciencias Económicas, primero en la Universidad de Morón y después se pasó a la estatal. En 1973, que fue un año de gran agitación, dejó la facultad, se casó y siguió militando en la JP. Él tenía, como todos los chicos, deseos de cambio, de colaborar con los que más sufrían, de luchar con el pueblo.
Aunque nuestra familia no tenía participación política partidista, sí había algún pariente que militaba y a nosotros nos daba miedo que nuestros hijos decidieran meterse en política. Cuando Gustavo empezó a militar teníamos mucha preocupación. Nos parecía que se arriesgaba, que la cosa no venía bien, que ya había represión —por la Triple A, durante el gobierno de Isabel— y nos preocupaba mucho. Adentro de casa se daba una discusión generacional. Mi marido tenía miedo. Lo que pasa es que la juventud sobrepasaba la pasividad de los adultos o de la mayoría de ellos. Era una generación que crecía como la levadura. Los más jóvenes seguían el ejemplo de la gente que venía de participar de luchas anteriores, como el Cordobazo o el Rosariazo. Los chicos aportaban su vigor a la experiencia de los más viejos.
En el ’77, el 15 de abril, se llevaron a mi hijo. (…) Yo empecé a salir por todos lados como loca y ahí fue un cambio total en mi casa y en mi interior. Empezó una etapa donde además de una gran tristeza y un gran dolor hubo un cambio total de vida. Yo dejaba mi casa desde la mañana hasta la noche. A veces me iba a la madrugada para hacer las colas en las puertas de los cuarteles, de las cárceles. Ya en el ’77 era todo evidente. Las madres nos íbamos encontrando en los diferentes trámites para averiguar dónde estaban nuestros hijos. A mi hijo se lo llevaron el 15 de abril y el 30 de abril fue el primer encuentro en la Plaza de Mayo, a instancias de Azucena Villaflor. Después nos seguimos encontrando en la plaza, intercambiábamos información pero ninguna obtenía ningún resultado positivo. Azucena dijo que teníamos que hacer “todas por todos”.
Las madres, individualmente, no teníamos miedo. Pero lo que sí había en el conjunto de las madres era un miedo colectivo: pensar que si hacíamos denuncias los iban a castigar más, que no iban a aparecer, que los iban a matar Pero ese miedo duró poco. Dijimos “hay que salir y pelear”. Mostrarnos en la Plaza ya era un hecho. Fuimos amenazadas de muerte, apuntadas con armas largas. En voz baja, nos decían a una por una: “les vamos a hacer lo mismo que a sus hijos”. Pero nosotras seguimos ahí todos los jueves, hasta el día de hoy.
Primeras medidas de la Junta Militar
El 24 de marzo de 1976 comienza en el país una dictadura que se cobró la vida de 30.000 personas y desmanteló el aparato productivo del país. A continuación, reproducimos un artículo de la revista Siete Días Ilustrados, publicado el 26 de marzo de 1976, apenas dos días después de producirse el golpe.
Fuerzas Armadas: Un trascendente compromiso
Fuente: Revista Siete Días Ilustrados, N° 458, 26 de marzo de 1976.
«Agotadas todas las instancias del mecanismo constitucional, superada la posibilidad de rectificaciones dentro del marco de las instituciones y demostrada, en forma irrefutable, la imposibilidad de recuperación del proceso por sus vías naturales, llega a su término una situación que agravia a la Nación y compromete su futuro.» Así comenzaba la proclama que, en la madrugada del miércoles 24, fue propalada por todas las radioemisoras del país. Más adelante, el documento aludía al «trascendente compromiso» asumido por las Fuerzas Armadas y formulaba una convocatoria a «toda la comunidad nacional». El proceso de reorganización nacional iniciado poco antes por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea definía así el espíritu que lo anima. Las páginas que siguen testimonian los hechos iniciales del pronunciamiento militar, comandado por el teniente general Jorge Videla, el almirante Emilio Massera y el brigadier Orlando Agosti
El primer comunicado se difundió a las 3.21 del miércoles 24, por medio de la Cadena Nacional de Radiodifusión. En él, la Junta de Comandantes Generales informaba a la población que el país se encontraba bajo control operativo de las Fuerzas Armadas y exhortaba al estricto cumplimiento de las disposiciones militares, policiales y de organismos de seguridad. Posteriormente, otro parte militar recordaba la vigencia del estado de sitio y la prohibición de realizar manifestaciones callejeras. Más tarde -y siempre firmados por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Eduardo Massera y el brigadier general Orlando Agosti- se informaba que «el personal afectado a la prestación de servicios esenciales, queda directamente subordinado a la autoridad militar», mientras se advertía que por la índole de esos servicios. «las infracciones o deficiencias en su prestación quedan incursos en las disposiciones del Código de Justicia Militar».
Otros comunicados -los números 5 y 6, respectivamente- prohibían la navegación de cualquier tipo de embarcación civil en ríos argentinos y los vuelos en todo el territorio y aguas jurisdiccionales.
La Junta de Comandantes Generales -en su bando número 7- aclaró antes del amanecer que su intervención se efectuó «en favor del país todo y no contra determinados sectores sociales», llamando a la reflexión y exhortando al esfuerzo de trabajadores y empresarios «para lograr que las relaciones laborales se mantengan dentro de un clima de libertad y respeto». El texto de ese comunicado recomendaba a los trabajadores no escuchar incitaciones a la violencia y previno a los empresarios para que no tomaran medidas arbitrarias contra su personal.
Exactamente a las 4.40 las emisoras de radio divulgaron el octavo comunicado: la Junta de- Comandantes daba cuenta de que en el país reinaba tranquilidad y se garantizaba el normal abastecimiento de alimentos a la población.
Otras medidas
Durante las primeras horas de la mañana del miércoles, la ciudad estaba en calma y la mayoría de las actividades fabriles se desarrollaban normalmente. A esa altura del proceso se había decretado asueto administrativo y educacional, feriado bancario cambiario y bursátil y la suspensión de transferencias y el congelamiento de cuentas. Mientras tanto se responsabilizaba a funcionarios y empleados públicos de la conservación de bienes y fondos estatales a su cargo. Antes de las 10 de la mañana las radios dieron cuenta que la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas se constituiría, en el edificio Libertador, como Junta Militar.
Los partes números 15 y 16 comunicaron que quien causare lesiones graves o muerte del personal militar y de las fuerzas de seguridad, será recluido por tiempo determinado o penado con la muerte. «Se han creado en todo el territorio del país -dio cuenta el comunicado 15-, los Consejos de Guerra Especiales estables que determina el artículo 483 del Código de Justicia Militar, los que aplicarán el procedimiento sumario establecido en los artículos 481 a 501 del Código de Justicia Militar». Igualmente se castigará con reclusión hasta quince años al que cometiere cualquier violencia con el personal de las fuerzas de seguridad y el «que atentare con armas contra buques, aeronaves, cuarteles o establecimiento militar o de las fuerzas de seguridad», pena que puede llegar a reclusión por tiempo determinado o muerte si se produjeran lesiones graves del personal militar o de seguridad.
Ideario
A las 10.40, al asumir el poder los comandantes generales anunciaron once resoluciones, contenidas en el «Acta para el proceso de reorganización nacional y jura de la Junta Militar». En ese documento se declara caducos los mandatos del presidente de la Nación, gobernadores y vicegobernadores, interventores federales, diputados y senadores nacionales y provinciales, intendentes municipales, representantes y concejales. También se removieron los miembros de la Corte Suprema de Justicia y los integrantes de los tribunales superiores provinciales y se suspendió -entre otras medidas- la actividad política o gremial. Finalmente, el Acta informaba que se notificaría de todo lo resuelto y actuado a las representaciones diplomáticas acreditadas en el país y a las representaciones diplomáticas argentinas en el exterior. El Acta señalaba que una vez efectivizadas esas medidas se designaría al ciudadano que ejercería el cargo de presidente de la Nación.
Esas medidas ponían en marcha lo anunciado a las 3.20 de la mañana en una proclama difundida por la cadena radial y firmada por los tres comandantes generales. Ese documento explicó la determinación asumida por las Fuerzas Armadas: «Esta decisión -señaló en uno de sus párrafos-, persigue el propósito de terminar con el desgobierno, la corrupción y el flagelo subversivo y sólo está dirigida contra quienes han delinquido o cometido abusos de poder. Es una decisión por la Patria y no supone, por lo tanto, discriminaciones contra ninguna militancia cívica o sector social alguno. Rechaza, por consiguiente, la acción disociadora de todos los extremismos y el efecto corruptor de cualquier demagogia».
Por la tarde se difundió el comunicado número 25. En él se establecía la intervención de la CGT y CGE y el congelamiento de sus fondos, la supresión del fuero sindical y la intervención de la Cruzada de Solidaridad, a efectos de su liquidación.
Esas fueron las primeras medidas de la Junta Militar, adoptadas en medio de la expectativa pública, durante una jornada que a pesar del continuo desplazamiento de tropas en todo el país, se vivió en calma y total tranquilidad laboral: según constataron cronistas de distintos medios informativos, las zonas fabriles del Gran Buenos Aires y del interior trabajaron normalmente.
La imposición de un modelo económico y social
El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de Isabel Perón. El nuevo gobierno se auto tituló “Proceso de Reorganización Nacional” y sus primeras medidas fueron el establecimiento de la pena de muerte para quienes hirieran o mataran a cualquier integrante de las fuerzas de seguridad, la “limpieza” de la Corte Suprema de Justicia, el allanamiento y la intervención de los sindicatos, la prohibición de toda actividad política, la fuerte censura sobre los medios de comunicación y el reemplazo del Congreso por la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), también integrada por civiles y militares, cuyas funciones nunca se precisaron detalladamente.
A poco de andar, sin embargo, quedó en evidencia que las Fuerzas Armadas habían asumido el poder político como representantes de los intereses de los grandes grupos económicos, quienes pusieron en marcha un plan que terminaría por desmantelar el aparato productivo del país.
Las Fuerzas Armadas pusieron todos los resortes del Estado al servicio de una represión sistemática y brutal contra todo lo que arbitrariamente definían como el “enemigo subversivo”. Los crímenes cometidos por los militares son hoy denominados en el derecho internacional como “delito de lesa humanidad”. Treinta mil desaparecidos, 400 niños robados y un país destruido fue el saldo más grave de la ocupación militar.
Transcribimos a continuación un fragmento del libro Lo pasado pensado, entrevistas con la historia argentina (1955-1983), de Felipe Pigna, adaptado para Elhistoriador.
Autor: Fragmentos del libro Lo pasado pensado, entrevistas con la historia argentina (1955-1983), de Felipe Pigna, adaptado para El historiador.
El 24 de marzo de 1976, una junta militar integrada por los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas derrocó al gobierno constitucional encabezado por María Estela Martínez de Perón. Las Fuerzas Armadas asumieron el poder político como representantes de los intereses de los grandes grupos económicos. Para aplicar el proyecto de esos grupos, que consistía en garantizar una mayor concentración de las riquezas, fue necesario destruir las organizaciones político-sociales que luchaban por impedirlo. Pocos días después, la junta designó como presidente a uno de sus integrantes, el jefe del Ejército, Jorge Rafael Videla, quien fue presentado en un comunicado de prensa oficial como “un profesional moderado, lejano de los extremos ideológicos y militante católico”.
Se había perpetrado un nuevo golpe de Estado que, al igual que los anteriores, contaba con el apoyo de importantes sectores, sobre todo de los grandes grupos económicos, nacionales y extranjeros, medios de prensa que colaboraron en la preparación de la sociedad para aceptar el golpe como única alternativa para salir de la crisis, la Iglesia Católica y dirigentes políticos y sindicales que aunque no dieron un apoyo explícito tampoco se pronunciaron en contra.
El peronismo y el radicalismo no resistieron el golpe como se esperaba, ya que sus dirigentes más tradicionales guardaron, en general, un cómplice silencio. Los sectores más combativos ya no tenían capacidad de respuesta, debilitados por el accionar de la Triple A.
Los otros integrantes de la junta militar fueron el almirante Eduardo E. Massera, por la Armada, y el brigadier Orlando R. Agosti, por la Fuerza Aérea. El nuevo gobierno se autotituló “Proceso de Reorganización Nacional” y sus primeras medidas fueron el establecimiento de la pena de muerte para quienes hirieran o mataran a cualquier integrante de las fuerzas de seguridad, la clausura del Congreso Nacional, el reemplazo de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia por jueces adictos al nuevo régimen, el allanamiento y la intervención de los sindicatos, la prohibición de toda actividad política y la imposición de una fuerte censura sobre todos los medios de comunicación.
Los ministerios, con excepción del de Economía y el de Educación, fueron ocupados por militares. Los gobiernos provinciales también fueron repartidos en su mayoría entre uniformados de las tres fuerzas. Hasta los canales de televisión fueron adjudicados con ese criterio. Se creó, además, en reemplazo del Congreso, la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), también integrada por civiles y militares, cuyas funciones nunca se precisaron detalladamente. Las intendencias municipales fueron asignadas en su gran mayoría a civiles de diferentes partidos políticos con predominio de los miembros del radicalismo y del peronismo. A los dos días de producido el golpe militar, el Fondo Monetario Internacional le otorgó un crédito al gobierno y anunció su satisfacción por la designación del nuevo ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz.
Juan Gelman 1: El golpe del ’76 se dio con un consenso social bastante grande, sobre todo en la pequeña burguesía urbana y en los sectores urbanos. Los pretextos que se usaron eran, por un lado, económicos: la mala gestión de Isabel. Eso existió, pero estábamos a nueve meses de las elecciones generales, donde se podía elegir otro gobierno. Otro pretexto que se utilizó fue el de la guerrilla. Pero ocurre que en países como Italia y Alemania la guerrilla se pudo controlar y deshacer sin golpe de Estado. Éste es el fundamento de la famosa teoría de los dos demonios. Es decir, de un lado estaba la guerrilla, del otro lado estaban los militares y en el medio había una población que no tenía nada que ver con nada. Ésta es una forma de desresponsabilizar a la gente en relación a lo que ocurría.
Tulio Halperin Donghi 2: Sí, hay una teoría de los dos demonios, pero son dos demonios muy diferentes. Hay un elemento diferenciador. Una cosa es una iniciativa privada, una asociación para delinquir y otra cosa es hacer del Estado una asociación para delinquir. Hay un elemento diferenciador entre la violencia surgida de la iniciativa de los guerrilleros, y una violencia que comienza con el secuestro del Estado y el uso de todos los recursos del Estado para ciertas funciones que los que lo han capturado deciden que son importantes y que imponen al resto de la sociedad. Creo que aquí hay una diferencia muy básica, que tiene una dimensión moral. Y que caracteriza muy bien la naturaleza muy diferente de los dos movimientos.
¿Ustedes hablan de “exceso”? ¿Qué pasó con los responsables de esos “excesos”?
Ramón Díaz Bessone 3: Acá, en cuanto a la represión ilegal, insisto, no se puede hablar de represión. Fue una guerra legal, legalmente declarada. Que en esa guerra se cometieron excesos, será cuestión de investigarlos sin parcialismos, sin desvirtuar la recta justicia. Quiero aclarar que durante el tiempo de la guerra, hubo 400 condenados entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, precisamente por haber cometido excesos.
Estela de Carlotto 4: Es fácil, simplista, para justificar esa matanza decir que había dos demonios o decir que hubo una guerra. Realmente acá no hubo una guerra, hubo un terrorismo de Estado que tenía el poder político, el poder militar y que eliminó físicamente a todo aquel que se oponía a este designio…
Juan Gelman: Una cosa que demuestra que la teoría de los dos demonios no funciona es que haya habido 30.000 desaparecidos. Según un estudio del coronel Prudencio García había, a lo sumo, mil quinientos guerrilleros, sumandos todos los grupos guerrilleros del país. De manera que, suponiendo que todos esos guerrilleros hubieran sido aniquilados por las Fuerzas Armadas, todavía cabe preguntar qué pasó con los 28.500 que no eran guerrilleros y que incluso no estaban a favor, sino en contra de la lucha armada como salida del problema del país.
Osvaldo Bayer 5: La velocidad de la represión fue una gran sorpresa. Tanto es así que esos primeros días, ninguno de los perseguidos marchamos a la ilegalidad, porque creíamos que no iba a ser posible una ferocidad tal. Pero ya el día 26, comienza a aplicarse el sistema de secuestros y desaparición de personas. El método de la desaparición en Europa se conoce como “la muerte argentina”, porque es la primera vez que se implementa este sistema en forma oficial, desde arriba, a una gran cantidad de personas.
El 2 de abril de 1976, José Alfredo Martínez de Hoz anunció el programa del “Proceso”. Allí describió los que eran para el nuevo gobierno los principales problemas de la economía argentina: un Estado empresario que había asumido funciones correspondientes a la iniciativa privada, que había regulado actividades económicas que debía realizar el mercado a través de la oferta y la demanda, que había intervenido en el mercado laboral estableciendo pautas rígidas para las relaciones obrero-patronales (leyes sobre empleo estable, indemnización por despido, negociaciones colectivas, etc.) y que también había protegido a los empresarios a través de aranceles a la importación de mercaderías y subsidios. Este conjunto de factores había determinado un creciente déficit fiscal, una inflación galopante y una burguesía renuente a invertir, por no tener competencia y por el alto costo laboral producto de la capacidad de presión de los sindicatos. Así habían imposibilitado –afirmó- la modernización y el crecimiento económico del país. Para superar esos problemas, propuso una “Reforma del Estado” que destruyera las características empresariales e interventoras de éste y garantizara la libertad de producción, circulación, precios iniciativa, etcétera… A la vez, para hacer más competitiva la industria, planteó una apertura económica que permitiera el ingreso de mercaderías y así que el mercado determinara qué empresas deberían subsistir por ser capaces de producir bienes baratos y buenos. A esta visión se la denomina “darwinismo social” porque el plantea que el más apto sobrevive y se desarrolla y el otro muere por falta de capacidad para adaptarse al cambio y el progreso. (…) La opinión del establishment internacional le era unánimemente favorable. El banquero David Rockefeller declaraba a la revista Gente, el 6 de abril de 1977: “Siento gran respeto y admiración por Martínez de Hoz. Es muy obvio para mí, como para todo el segmento bancario y económico internacional, que las medidas de su programa son las indicadas”.
¿Cuáles eran los pilares de su plan económico?
José Alfredo Martínez de Hoz 6: El programa que enuncié el 2 de abril de 1976 estaba destinado no sólo a implementar un programa antiinflacionario de coyuntura, sino realmente a cambiar la estructura económica del país. Las bases sobre las cuales estaba sentada la estructura económica existente eran las que habían llevado a esa situación en un proceso que había durado ya muchos años. El plan económico estaba basado en tres pilares fundamentales: la reforma del Estado, la liberalización, modernización y apertura de la economía cerrada y un programa de estabilidad. (…) Yo creo que la gente, después de la experiencia que hizo a través del programa nuestro, iniciamos un poco el proceso de enseñanza, de maduración, de lo que era la orientación moderna de una economía productiva. Y al final, después del ’89 la gente misma pedía esa orientación. Y yo creo que ése es el espíritu que capta el presidente Menem cuando asume la presidencia con el ministro Cavallo….
Referencias:
1 Poeta y periodista. Amenazado por la Triple A, debió partir al exilio en 1975. Su hijo y su nuera embarazada fueron secuestrados y desaparecidos en la última dictadura militar. Gelman logró encontrar a su nieta en el año 2000.
2 Doctor en Historia y en Derecho. Siguió cursos en la Universidad de Turín y en la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París. Desde 1966 fue profesor en la Universidad de Oxford, y desde 1972 en la Universidad de California, Berkeley. Desde 1984 enseña habitualmente en la Universidad de Buenos Aires.
3 General (re). Se desempeñó como comandante del II Cuerpo de Ejército de Rosario entre 1975 y 1976. Ocupó el Ministerio de Planeamiento durante el gobierno de Jorge Rafael Videla y presidió el Circulo Militar entre 1994 y 2002.
4 Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, organización que tiene como finalidad localizar y restituir a sus legítimas familias a todos los niños secuestrados durante la última dictadura militar. Laura, su hija, fue secuestrada y asesinada luego de dar a luz a un varón, que fue entregado a una familia ilegítima.
5 Es periodista, investigador y guionista. Por el libro La Patagonia rebelde y el filme del mismo nombre fue perseguido y debió exiliarse en 1975. Vivió en el exilio en Berlín hasta su regreso a Buenos Aires en 1983.
6 Economista, abogado y profesor universitario. Fue ministro de Economía en Salta entre 1957 y 1958 y presidente de la Junta Nacional de Granos. Entre 1976 y 1981 se desempeñó como ministro de Economía del dictador Jorge Rafael Videla.
El golpe de Estado en el ámbito educativo
El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de Isabel Perón. El nuevo gobierno se auto tituló “Proceso de Reorganización Nacional” y sus primeras medidas fueron el establecimiento de la pena de muerte para quienes hirieran o mataran a cualquier integrante de las fuerzas de seguridad, la “limpieza” de la Corte Suprema de Justicia, el allanamiento y la intervención de los sindicatos, la prohibición de toda actividad política, la fuerte censura sobre los medios de comunicación y el reemplazo del Congreso por la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), también integrada por civiles y militares, cuyas funciones nunca se precisaron detalladamente.
A poco de andar, sin embargo, quedó en evidencia que las Fuerzas Armadas habían asumido el poder político como representantes de los intereses de los grandes grupos económicos, quienes pusieron en marcha un plan que terminaría por desmantelar el aparato productivo del país.
Las Fuerzas Armadas pusieron todos los resortes del Estado al servicio de una represión sistemática y brutal contra todo lo que arbitrariamente definían como el “enemigo subversivo”. Los crímenes cometidos por los militares son hoy denominados en el derecho internacional como “delito de lesa humanidad”. Treinta mil desaparecidos, 400 niños robados y un país destruido fue el saldo más grave de la ocupación militar.
Las persecuciones, la censura y la desaparición de personas se extendieron a todos los ámbitos de la vida y la educación no fue una excepción. A dos días del golpe, el contraalmirante César Guzzeti, delegado militar ante el Ministerio de Cultura y Educación, designaba uniformados en todas las direcciones nacionales y generales del Ministerio. Todas sus dependencias fueron ocupadas por miembros de las Fuerzas Armadas.
Se trataba de disciplinar al sistema educativo, y erradicar de él los elementos “subversivos”. Así, el Ministerio de Educación publicó un panfleto denominado “Subversión en el ámbito educativo. Conozcamos a nuestro enemigo”, que tenía por objetivo “erradicar la subversión del ámbito educativo y promover la vigencia de los valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad de ser argentino”. Por resolución Nº 538 del 27 de octubre de 1977, el folleto debía ser distribuido en todos los establecimientos educativos del país, entre personal docente, administrativos y alumnos, en caso de considerárselo adecuado. La desaparición forzada de personas fue muy extendida entre docentes, investigadores y estudiantes.
En 1978, al mando del coronel Agustín C. Valladares se llevó a cabo la “Operación Claridad”, como se denominó al espionaje e investigación de funcionarios y personalidades vinculadas con la cultura y la educación. Valladares mantenía reuniones con directivos de los establecimientos educativos a fin de lograr que se cumplieran sus órdenes. Transcribimos a continuación el testimonio de Rubén Cacuzza, quien como rector de una institución educativa, participó en uno de aquellos encuentros:
Fuente: Pablo Pineau, “Impactos de un asueto educacional. Las políticas educativas de la dictadura (1976-1983)”, en AA.VV., El principio del fin. Políticas y memoria de la educación en la última dictadura militar (1976-1983), Buenos Aires, Editorial Colihue, 2006, págs. 56-57.
Fue en 1978 en el salón de actos del Colegio San José de la Capital Federal debajo de una bóveda cubierta de pinturas renacentistas.
Había concurrido como rector apenas electo de un Instituto de la Provincia de Buenos Aires…
A pesar de que el salón estaba a oscuras, por las hendijas de luz del retroproyector se podía ver que el coronel estaba con uniforme de fajina y con anteojos oscuros. En el salón, los rectores y rectoras de la enseñanza privada, en su gran mayoría monjas y sacerdotes, escucharon en silencio al coronel cuando agitando una revista Redacción lanzó improperios contra su director, Hugo Gambini, acusándolo de marxista, subversivo y otras del mismo tenor.
El coronel estaba exasperado.
En una rápida revisión retrospectiva de la historia de las ideas en occidente fustigó a Mao, a Marx y a Freud, al racionalismo iluminista dieciochesco, a Descartes por haber inventado la duda, a Santo Tomás por atreverse a intentar fundar la fe en la razón y se quedó en San Agustín, en el concepto de guerra santa y en el de la guerra justa que enarbolaron los conquistadores españoles para imponer la encomienda y la evangelización. El coronel estaba furioso porque desde la primera reunión en 1977, no había recibido ninguna denuncia a pesar de que había dado no sólo los teléfonos del Ministerio sino los de su domicilio particular.
-¿Quiere decir que ni siquiera sospechan?- espectaba enojado y agregaba:
-Mientras ustedes están en la tranquilidad de sus despachos nosotros hemos matado, estamos matando y seguiremos matando. Estamos de barro y sangre hasta aquí- dijo señalando sus piernas más arriba de su rodilla.
Señaló con el dedo al auditorio silencioso y gritó:
-¡Basta de ombligos flojos!
Pasaron después una serie de acetatos con gráficos pertenecientes al folleto “Conozcamos a nuestro enemigo. Subversión en el ámbito educativo”. Folleto que fue entregado a los presentes.
Y en el cierre hubo un documento filmado sobre las acciones del ejército contra la guerrilla en Tucumán.
Finalmente, toda esa masa comenzó a abandonar el salón en silencio, caminado sin mirarse, hacia la puerta lentamente, concientes del terror en la piel porque en un año no habían denunciado a ningún docente de sus escuelas.
Recopilación de artículos publicados por El Historiador de Enrique Pigna
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