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Entrevista a Gian Barras APAND es una institución de nuestra ciudad conocida por todos, que a lo largo de su historia carga con hechos trágicos y de maltrato hacia las personas que debe brindar atención, en este caso personas con discapacidad y padecimientos de salud mental. Hace unas semanas se conoció públicamente que uno de los hogares ubicado en calle Malabia al 110 había sido cerrado por una intervención judicial y del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Para saber más sobre la tarea que se está realizando, conversamos con Gian Barrás, quien coordina el equipo territorial interdisciplinario del Ministerio de Salud que trabajó en la intervención y el realojamiento de los pacientes. APAND tuvo denuncias a lo largo de los años pero es la primera vez que se logra que la justicia ordene el cierre de uno de los hogares, ¿cómo se logró esto? Comienza por un habeas corpus presentado en la justicia por la Comisión Provincial por la Memoria, que es el organismo de prevención de la tortura, y también es parte de la mesa interministerial que se formó a partir de las denuncias que se fueron elevando a los diferentes organismos y las inspecciones realizadas a partir del 2019. Esta mesa está conformada por el Ministerio de Salud, IOMA, la Comisión Provincial de la Memoria, el Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental Nacional, la Defensoría del Pueblo, a través del Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental Provincial, el Organismo de Niñez Provincial y la Agencia Nacional de Discapacidad. En uno de los monitoreos que realiza la Comisión Provincial de la Memoria detecta que el Hogar Nueva Casa en el que vivían 11 niños, niñas y adolescentes, estaba en pésimas condiciones para alojarlos, no cumplía con las normativas vigentes y esto ponía en riesgo la salud y la integridad física de los pacientes. Dando intervención a la justicia, el habeas corpus es tratado por la Cámara de Casación Penal de la Provincia y ordena el desalojo del lugar, la reubicación de los niños en otros establecimientos adecuados, cerca de sus familiares o referentes afectivos o la revinculación con estos. ¿Cómo fue el trabajo para poder reubicar a los pacientes? Fue un trabajo de alrededor de 6 meses en el que trabajamos desde el territorio con este equipo del ministerio formado por dos psicólogas, una abogada, un acompañante terapéutico y una médica, también se suma un equipo de salud mental del Región Sanitaria IV y otro equipo a nivel central del Ministerio de Salud para poder articular con todos los organismos necesarios. Se logró que algunos los chicos fueran alojados en lugares adecuados cerca de sus lugares de origen o cerca de sus familias. Uno en particular, se logró que vinculara y finalmente fuera dado en adopción con una familia, algo que nos llenó de emoción. Para llegar a esto se realizó una gran articulación con los servicios locales de los niños, la justicia, los municipios, organismos provinciales, IOMA, etc. Siempre pensando en lo mejor para cada uno de los chicos, visitando previamente los lugares donde serían alojados, realizando vinculaciones familiares que no se habían realizado, poniendo recursos necesarios para la atención de los pacientes. Se trabajó cada caso en particular, con una estrategia específica en donde primaba el interés superior del niño y la restitución de sus derechos. Finalmente el 21 de marzo pudimos realizar el cierre definitivo de ese lugar. ¿Había niños de Baradero en el lugar? Si, estaba alojado un niño de nuestra ciudad y se estuvo articulando con el municipio. Se trabajó durante dos meses con el servicio local, el hogar del niño, la secretaría de desarrollo humano y el servicio de salud mental del hospital, para que al niño se le pueda garantizar el derecho a vivir y desarrollarse en su comunidad, sin perder sus lazos familiares y afectivos que son tan importantes para su desarrollo. Además de la intervención de este hogar, ¿se trabaja con el resto de la institución? Si, en paralelo a esta intervención judicial específica, desde el 2021 se realizó la inhabilitación total de la institución, no pudiendo ingresar nuevos residentes, se dió de baja el convenio que tenía con el Programa INCLUIR SALUD y a lo largo de estos meses se fueron realizando las gestiones y derivaciones de otros usuarios. Actualmente, son alrededor de 35 las personas que fueron alojadas en otras instituciones y continuamos gestionando traslados. ¿Cómo se va a continuar trabajando de acá en más? El trabajo es complejo ya que trabajamos cada es caso particular, cuidando y respetando el interés del usuario y sus derechos. En ese sentido, las líneas de trabajo son varias: la derivación de los usuarios a instituciones adecuadas, priorizando la cercanía familiar; o la revinculación con su familia o referentes afectivos. También se plantean estrategias de externación con dispositivos de casas donde los usuarios más independientes puedan convivir con apoyos. Esto por supuesto que va a llevar un tiempo y no es en lo inmediato. Mientras, se continúa monitoreando la institución y además del cierre del hogar intervenido judicialmente, se cerraron dos hogares más por decisión de la institución. Actualmente de 13 casas, quedan 10 en funcionamiento. La mesa interministerial y el Ministerio de Salud continuarán manteniendo las clausuras de los hogares y la prohibición de ingresar nuevos usuarios hasta tanto la institución no se adecúe a la Ley de salud Mental y a todas las normativas vigentes que se exigen para la prestación de estos servicios.