Discriminación: El INADI falló a favor de la alumna a la que no le renovaron la matricula en el Colegio Ferrari

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«Por los motivos expuestos, considero que los hechos denunciados
encuadran en los términos de la Ley N.° 23.592, normas concordantes y
complementarias precedentemente citadas, como conducta discriminatoria.»

Este fue el dictamen al que llegó la representante legal del instituto nacional contra la discriminación (INADI) en la causa que Luis Verdina inició contra las autoridades del Colegio Santiago Ferrari.

El pasado año, en medio de una movida de estudiantes, que tenia como objetivo la aprobación de la ley por el derecho al aborto legal y gratuito, se produjeron varios desencuentros entre alumnas del instituto y sus autoridades docentes y religiosas.

Específicamente, la principal figura que mas controversias generó, fue la del Padre Lucas Martínez, párroco de la iglesia Santiago Apóstol y representante de la obra educativa parroquial, quien fue acusado de «perseguir» a las alumnas que fuera del establecimiento apoyaban la causa de los pañuelos verdes.

Luis Verdina, que es desde el comienzo de la administración Antonijevic, es director de derechos humanos del municipio, intercedió como funcionario en algunas de esas denuncias.

Al momento de intentar renovar la matricula de su hija, que es alumna de la institución, la misma le fue negada interponiendo el derecho de admisión y alegando un quiebre en la relación escuela/familia.

Verdina, que mantuvo varias reuniones con los responsables de la obra educativa parroquial, ofreció dejar de ser el el nexo entre la escuela y la alumna para de esa manera evitar que se mezcle su responsabilidad como funcionario y la de padre, pero fue desestimada.

Martina, que tenia hasta el momento de la no renovación de la matricula, uno de los mejores promedios y fue elegida en el último acto protocolar del ciclo lectivo como mejor compañera, debió seguir sus estudios en la escuela Marcos Sastre.

Esta mañana, Luis Verdina invitó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa aclarando que lo hacia en virtud de ciudadano común y no como director de derechos humanos: «Mi intención es que todos sepan que fue lo que ocurrió con Martina por expreso pedido de ella y asegurar que, a partir de este dictamen que estábamos esperando, vamos a iniciar acciones legales contra el colegio Santiago Ferrari».

Verdina aclaró que este dictamen, que llegó después de un año, es específicamente por su denuncia y referido a su hija: «otros padres, que también tuvieron problemas, siguieron su camino por distintas vías legales» aseguró.

A continuación el expediente completo que el INADI hizo llegar a Luis Verdina y en el cual dictaminan que su hija Martina fue discriminada por las autoridades del instituto Santiago Ferrari:

 

EX-2018-32175526- -APN-INADI#MJ
“VERDINA LUIS MANUEL C/ INSTITUTO SANTIAGO FERRARI”
Dictamen N.°
Buenos Aires,

SEÑORA DIRECTORA:
Llegan las actuaciones a esta Coordinación de Recepción y
Evaluación de Denuncias de la Dirección de Asistencia a la Víctima, con
el objeto de que se determine si los hechos denunciados encuadran
dentro de las previsiones de la Ley N.° 23.592 (B.O. 5-9-88), normas
concordantes y complementarias.
– I –
DESCRIPCIÓN DEL CASO
El Sr. Verdina refirió haber solicitado reunión con la Directora
del Instituto Santiago Ferrari de la localidad de Baradero, donde su
hija M.V de catorce años de edad asistía, con motivo de conversar sobre
los comentarios de estado público y relato de alumnos sobre una charla
dada en la escuela sobre la legalización del aborto, donde “…los
alumnos habían sido tratados por quién dio la charla de ‘juventud
hitleriana’ o ‘imbéciles que se dejan influenciar por mentes
manipuladoras’…”.
El denunciante destacó que logró que se realizara dicho encuentro
con la Directora Ana de Batisti, la Vicedirectora de apellido
Bartolomeo y el sacerdote Lucas Martínez, donde el Sr. Verdina expuso
su preocupación respecto de los rumores que referían que “…el sacerdote
‘perseguía’ a los chicos a través de las redes sociales y si estos se
manifestaban en cuestiones que la iglesia no estuviese de acuerdo, los
‘apretaba’ en la escuela y les recordaba que el año próximo no les iban

a renovar la matricula…”.
El sacerdote negó lo antedicho pero no negó “…que estaban
planificando una ‘depuración’, así dijo, de chicos ‘rebeldes’ o que no
pensaran como lo manda la iglesia…”.
El presentante agregó que dos meses después de ello, encontró a
la alumna A.R llorando fuera del colegio dado que el sacerdote la había
invitado a buscar otra escuela en razón de un trabajo práctico de
religión, donde ella expuso la boda de un matrimonio igualitario en la
iglesia dinamarquesa de la ciudad de Buenos Aires. La joven comentó que
la profesora se negó a recibir el trabajo y la envió a hablar con el
sacerdote, “…quien reaccionó diciéndole lo mismo de siempre ‘que se
busque otra escuela’, le censuró el trabajo y que de persistir en su
postura el año próximo no le iba a renovar la matricula…”.
Consecuentemente, el Sr. Verdina se presentó en la DIPREGEP donde
se labró acta de los hechos en cuestión, que habiendo tomado estado
público, dieron lugar a nuevos relatos respecto de los “…aprietes e
invitaciones…” del sacerdote al alumnado, y persecución en redes
sociales con amenazas de sacarlos de la escuela.
La representante legal de la Institución efectuó descargo
explicando que “…como escuela católica tenemos como misión el de
direccionar nuestro proyecto a la adhesión a Cristo y al magisterio de
la Iglesia católica apostólica romana, promoviendo así el desarrollo
integral de la persona…El hecho de que los alumnos piensen distinto al
ideario de la institución, o a los valores evangélicos es un desafío,
puesto que nuestra misión es la evangelización. Lejos esta esto de ser
motivo de persecución y mucho menos de rechazo de matriculación, debido
a que son las familias las que, independientemente de pensar distinto,
aceptan y adhieren al Proyecto Educativo, por lo cual no debería
existir ningún conflicto al respecto…”.
Por su parte, la Directora de la escuela negó todos los hechos
aquí denunciados y agregó que “…en la semana del 19 al 23 de marzo se
llevó a cabo la Semana por la Vida (…) en el desarrollo de la misma
hubo falta de respeto al disertante por parte de varios alumnos, a los
cuales se les llamó la atención…”.
Respecto de la alumna A.R, la Directora refirió que la joven
solicitó conversar con el sacerdote mostrándole el trabajo práctico en
cuestión a lo que el sacerdote le explicó “…que para el catecismo de la
Iglesia católica el sacramento del matrimonio no es posible entre dos
personas del mismo sexo. La alumna le manifiesta que es atea para lo
cual el sacerdote le sugiere dialogar con su familia acerca de si la
institución es la adecuada para su formación, le dice que hablará con
su madre y en estos términos finaliza la reunión (…) Esta situación
tomó estado público ya que el Sr. Verdina se acercó por propia voluntad
a radios locales y es allí donde comienza una ola de noticias falaces,
agresivas, sin contenido, ocasionando un gran daño a la Institución y a
quienes formamos parte de ella…”.
En estas condiciones, pasan las actuaciones para su dictamen.

– II –

ADVERTENCIA PRELIMINAR Y ALCANCE DEL PRESENTE
A modo de premisa esencial, debe delimitarse el ámbito de
competencia del INADI, tendiente a determinar la existencia o
inexistencia de un acto o conducta discriminatoria en los términos de
la Ley N.° 23.592, normas concordantes y complementarias, y, en
consecuencia, establecer el curso de acción correspondiente conforme lo
establecido en la Ley N.° 24.515 (B.O. 3-8-95).
Debe señalarse que la actividad probatoria obrante en estas
actuaciones administrativas es indiciaria, a los fines de establecer el
encuadre normativo de la situación fáctica descripta.

– III –

ENCUADRE NORMATIVO
A fin de evaluar un acto o práctica discriminatoria debe
recordarse que la Ley N.° 23.592 establece en su artículo 1 que “…Quien
arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe
el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías
fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a
pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o
cesar en su realización y a reparar el daño moral y material
ocasionados. A los efectos del presente artículo se considerarán
particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por
motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión
política o gremial, sexo, posición económica, condición social o
caracteres físicos…”.
Nuestra Constitución Nacional fija los principios de igualdad y no
discriminación mediante su artículo 14 y 16.
Asimismo, el artículo 75 inciso 22 otorgó raigambre constitucional
a un cúmulo de instrumentos internacionales de Derechos Humanos
mediante los cuales se pretende ampliar la protección y garantía de los
derechos de ciertos grupos vulnerados.
En el marco del bloque de constitucionalidad referido, nuestro
ordenamiento receptó los principios de la Carta de las Naciones Unidas,
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
políticos y su protocolo facultativo, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros, mediante los
cuales se pretende vedar la discriminación y la exclusión.
Para el caso en cuestión, tratándose de jóvenes en etapa de
escolarización, corresponde resaltar la importancia de la Convención
sobre los Derechos del Niño, Ley N.° 23.849 (B.O. 22-10-90) cuyo
artículo 2.2 consagró a los Estados firmantes la responsabilidad de
velar por el bien superior del niño, debiendo tomar todas las medidas
apropiadas para garantizar que el mismo se vea protegido contra toda
forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las
actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres,
tutores o familiares.
En tanto que, el artículo 3 de dicho instrumento, extiende a las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, tribunales,
autoridades administrativas u órganos legislativos, el deber de
priorizar el interés superior del niño/a, adolescente en toda decisión
o medida concerniente a ellos/as.
Desde el ámbito del derecho interno, la Ley N.° 26.061 (B.O. 26-
10-05) de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes, recepta el objeto primordial de garantizar el ejercicio y
disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos derechos reconocidos
en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales
en los que la Nación fuera parte.
En este sentido, resulta de relevancia destacar el artículo 3.A de
la norma, según el cual se entiende por interés superior de la niña,
niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los
derechos y garantías reconocidos en esta Ley, debiéndose respetar entre
otras cosas, “…su condición de sujeto de derecho…”.
Ahora bien, no obstante tratarse de un caso que transcurrió en el
ámbito de la enseñanza privada, resulta oportuno destacar que los
principios generales establecidos para el sistema de educación nacional
y provincial son aplicables, toda vez que el derecho de aprender es de
orden público, un derecho personal y social que el Estado debe

garantizar y en este sentido corresponde resaltar que toda organización
constituida a los fines de brindar servicios públicos, debe responder a
los principios fundamentales en la materia, sin ser de relevancia a
tales efectos, la empresa o negocio que subsista en forma simultánea.

– IV –
ELEMENTOS PROBATORIOS. ANÁLISIS DEL CASO
En el presente caso el denunciante acompañó al N.° de orden 13
página 4 imagen de carta documento donde el colegió notificó en fecha 9
de noviembre de 2018 que “…en atención a los hechos acaecidos durante

el corriente año, al no haber podido recomponer el vinculo familia-
escuela en las distintas reuniones celebradas (10/10/18 y 29/10/18), le

notificamos que no se renovará la matricula de su hija M.V. para el año
lectivo 2019. Fdo. Patricio Javier Barber Soler representante legal…”.
Al mismo N.° de orden páginas 7/8 consta copia de nota de padres
de alumnos/as del Instituto, presentada al Obispo de la diócesis
Zarate-Campana, expresando su preocupación y malestar en razón de que
el sacerdote “…interviene en los asuntos de la escuela de forma muy
coercitiva e invadiendo en muchos casos la vida privada de los alumnos
(…)’invita’ a los alumnos y padres a buscarse otra escuela o
amenazándolos con que el año próximo no les van a renovar la matricula
(…) fuera del establecimiento y a través de las redes sociales
(facebook o instagram) el sacerdote ‘intima’ a los alumnos a abandonar
ciertas posturas ideológicas…”.
A página 9 obra copia de comunicado de prensa del Centro de
Estudiantes del Instituto repudiando los hechos ocurridos en el
establecimiento que involucran a una alumna de 3° año en el marco de un
trabajo práctico a realizarse en el espacio curricular de Formación
Religiosa, quien “…fue censurada e invitada a dejar el
establecimiento…”.
Al N.° de orden 15 se produjo prueba testimonial.
La Sra. Mangione, madre de la alumna que presentó el trabajo
práctico sobre la boda de dos personas del mismo sexo, dijo “…el
colegio dio una charla, sobre la despenalización y la igualdad de
género, y que los chicos estaban molestos por ese tema (…) que su hija
le contó que no dejaban opinar (…) todo lo que sea pensar de otra
manera en el colegio es un problema…”.
La testigo manifestó que el colegio cito al denunciante cuando la
hija de la testigo, al estar llorando en la puerta del colegio, fue
encontrada por el Sr. Verdina y “…los medios llamaron a Luis, una
radio, y el colegio se molestó (…) el instituto dijo que no la iba a
matricular (…) el colegio venía amenazando con que no iban a matricular
a quien no comparta sus pensamientos o sus ideologías (…)su hija
actualmente no concurre al establecimiento, porque después de lo que
pasó con el trabajo, la trataron de mentirosa, ella no quería seguir…”.
Al N.° de orden 16 consta declaración de la Sra. Romero, madre de
alumnos de la escuela denunciada, y dijo: “…el Sr. Verdina se reunió
con el Instituto y estaba el cura, la representante legal, la directora
y la vicedirectora, la inspectora Adriana Aguirre y la inspectora de
primaria. Estaban Luis, su esposa y la testigo. Estaban los tres como
papás y mamás (…) para llegar a un acuerdo porque los habían amenazado
que no les iban a renovar la matricula para el año que viene. En el
caso de la testigo porque su hijo llevaba en la mochila un pañuelo
verde. El motivo de la hija de Luis, cree que es porque Luis ayudó a la
testigo y a A.R, que es amiga de la hija de Luis en un momento que la
encontró llorando en la puerta del colegio, porque presentó un trabajo
de una pareja de dos chicas que se estaban casando en San Telmo. Que
tomaron a la hija de Luis como rehén de la situación, que la hija tiene
un promedio de 9.20 y la votaron mejor compañera. Que no lo merece. Que
Luis es funcionario público y su hija queda como rehén…”.

La testigo agregó que “…el cura y los directivos la amenazaron
junto con sus hijos, que le dijeron que si su hijo no se retractaba de
sus dichos que había dicho en relación al matrimonio igualitario y la
legalización del aborto se iba a ir del colegio. Que la profesora de
Formación Religiosa le dijo que la Iglesia no está de acuerdo con el
matrimonio igualitario y la legalización (…) La hija de Luis nunca tuvo
un problema en el colegio, que no tuvo nada que ver con el debate de la
despenalización del aborto, que todo esto que le hacen a ella es por su
papá que está cumpliendo su función de secretario de la oficina de
derechos humanos (…)Sabe que la hija de Luis no puede volver al colegio
(…) a los dos hijos del testigo le pasó lo mismo, ella inició un amparo
con cautelar (…) el Juzgado ordenó la matriculación de los chicos…”.
La parte denunciada aportó copia de acta de reunión del día 10 de
octubre de 2018 entre las autoridades de la Institución educativa y el
Sr. Verdina, con motivo de “…dialogar acerca del obrar del Sr. Verdina
frente a la exposición pública de un conflicto que hizo del colegio y
las autoridades del colegio sin haberse acercado a conversar ante quién
correspondía y si haberlo hecho frente a la inspección escolar, frente
a requisitoria de los medios de comunicación y efectuado una denuncia
al INADI de público conocimiento en nuestra localidad. El padre explicó
(…) que no está de acuerdo con el accionar de algunas personas ni con
las estrategias pedagógicas utilizadas, sintiéndose perjudicado él y su
familia. De parte del colegio le manifestamos el daño que sus palabras
habían causado y le solicitamos una disculpa pública por el prestigio y
buen nombre de la Institución, y para recomponer el vínculo entre la
escuela y familia. Por su parte pidieron disculpas los representantes
legales al padre si algo lo ofendió. Y le solicitan se acerque a ellos
a dialogar y plantear todo tipo de inquietud o inconveniente que le
surja. El Sr. Verdina manifestó que no está arrepentido de sus dichos
ni de sus actos, razón por la cual no pediría disculpa alguna. Los
representantes legales le expresan que quedan a disposición y abiertos
al dialogo, para acercar posiciones, restaurar la relación, como
condición para mantener a su hija en la Institución el próximo ciclo
lectivo, debido a que no es posible un nuevo contrato educativo en
estos términos…”.
Al N.° de orden 11 paginas 5/9 consta copia de notas
periodísticas donde se plasman los inconvenientes suscitados en el
colegio en cuestión.
Habiéndose realizado el detalle de la prueba aportada, resulta
pertinente efectuar ciertas aclaraciones respecto a la cuestión
probatoria y su valoración en los casos que versan sobre
discriminación, atento la dificultad a la que suelen enfrentarse las
victimas al momento de reunir los elementos que acrediten los hechos
denunciados.
En este sentido, la jurisprudencia ha ido flexibilizando las
exigencias procesales en la temática en cuestión, a los fines de
garantizar el pleno acceso a la justicia de aquellos grupos
históricamente vulnerados.
En virtud de ello, resulta pertinente citar el fallo Pellicori
dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 6 de noviembre
de 2011, el cual significó un leading case en materia de carga
probatoria en los supuestos en los que se discute la existencia de una
conducta reprochable por la Ley N.° 23.592.
En el caso la Corte sostuvo que el diseño y las modalidades con
que han de ser reguladas las garantías y, ciertamente, su
interpretación y aplicación, deben atender, y adecuarse a las exigencias
de protección efectiva que específicamente formule cada uno de los
Derechos Humanos, derivadas de los caracteres y naturaleza de estos y
de la concreta realidad que los rodea, siempre, dentro del respeto de
los postulados del debido proceso.
En este orden de ideas, el Alto Tribunal advirtió que los órganos internacionales de protección de
los Derechos Humanos con competencia en aludidos tratados de jerarquía constitucional, habían coincidido

en una comprobación realista: las serias dificultades probatorias por las que regularmente atraviesan las
presuntas víctimas de actos discriminatorios para acreditar, mediante plena prueba, el aludido motivo.
En así como resultó de aplicación la teoría de la carga dinámica
de la prueba mediante la cual quien denuncia debe aportar los indicios
que prima facie hagan presumir la existencia de una práctica
discriminatoria, mientras que la parte denunciada debe aportar los
elementos por los cuales desvirtuar el cuadro indiciario creado en su
contra.
En el presente caso, de la prueba documental aportada surge con
claridad la existencia de un conflicto entre las autoridades de la
escuela y la comunidad de padres y/o alumnos con motivo de la expresión
de sus ideas respecto de temas de actualidad como lo es la
despenalización del aborto.
Ahora bien, en primer lugar corresponde aclarar que el Instituto
Santiago Ferrari es un establecimiento educativo de gestión privada con
orientación religiosa; no obstante ello no se puede dejar de lado que
gestiona nada más ni nada menos que un derecho esencial como lo es el
de aprender.
“…El derecho a la educación es, sin duda, uno de los más
importantes derechos de la niñez y quizás el más importante de los
sociales. Aunque no se puede, en sentido estricto, plantear que existan
derechos importantes y otros secundarios, la afirmación anterior se
funda en el hecho según el cual es a través en buena medida de la
educación en sus distintas formas y modalidades como el ser humano,
biológico o específico, deviene en ser social, en persona, (…) y es a
través de ella que adquiere las condiciones y capacidades necesarias
para vivir en sociedad. En este sentido, la educación en todas sus
manifestaciones es la vía por excelencia de la socialización humana, es
decir, la vía de su conversión en un ser social. A diferencia de lo que
ocurre en otras especies, el animal humano al nacer, más que un humano
propiamente dicho, social, cultural y espiritualmente hablando, es un
proyecto, pleno de potencialidades por realizar…” (Unicef Colombia.
Catalina Turbay Restrepo. “EL DERECHO A LA EDUCACIÓN. DESDE EL MARCO DE
LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA POLÍTICA
EDUCATIVA”).
En virtud de lo antedicho, es factible inferir que la tarea de
educar merece especial atención y control.
En este sentido, también es sabido que las instituciones
educativas no funcionan como claustros cerrados donde sólo se trasmiten
conocimiento académicos preestablecidos en los respectivos planes de
estudios autorizados, sino que las escuelas funcionan como formadoras de
ideas, y en esta tarea no pueden actuar mediante la censura de
pensamiento, mas allá de la orientación religiosa que subsistiese.
Es claro que como entidad educativa de orientación religiosa,
existirá en la curricula contenido de dicha índole. Sin embargo resulta
inaceptable que desde la misma Institución no se permita la expresión
de ideas o debates respecto de asuntos sociales de llegada masiva, como
son el caso de la legalización del aborto o el matrimonio entre
personas del mismo sexo.
No resulta posible educar sin impartir respeto por la diversidad
de ideas y de pensamientos, sin que esto configure un motivo de
perjuicio y/o estigmatización.
En el caso de marras, se pudo acreditar que la hija del Sr.
Verdina no pudo continuar realizando sus estudios en el Instituto
Santiago Ferrari debido al conflicto preexistente con su padre, no
habiéndosele renovado la matricula para el ciclo lectivo 2019 (v. orden
13 pág. 4).
El tema que ha cobrado gran relevancia en los últimos años es,
sin lugar a dudas, la incidencia de los derechos humanos en el ámbito

de la educación y el rol que le compete al Estado en dicha materia.
Si bien cuando se habla de educación no se alude exclusivamente
al colectivo de niños y niñas, lo cierto es que desde la perspectiva de
la función pública corresponde considerar la particular situación de la
infancia por tratarse de un grupo históricamente vulnerado. Tanto en la
teoría como en la práctica, el llamado “derecho de admisión” de las
instituciones de educación privadas, representa un problema jurídico que
llega, en muchos casos, a entrar en conflicto con normas de protección
y promoción de los derechos humanos.
Sin embargo, el tiempo de maduración del paradigma constitucional
argentino en materia de derechos humanos, sentado a partir de la
reforma del año 1994, genera la necesidad de tomar postura sobre la
vigencia de los derechos fundamentales en las relaciones entre
particulares, principalmente en aquellos casos en que se
presta un servicio público cuyo interés social resulta insoslayable.
En tal sentido, la observancia de los derechos humanos en general
y de la normativa antidiscriminatoria en
particular se vuelve una herramienta necesaria para dar soluciones
acordes a las premisas democráticas frente a prácticas injustas del
ámbito educativo.
Este Organismo en su Informe de Gestión titulado “Hacia una
Argentina sin Discriminación” expuso que, según arrojo el estudio
basado en estadísticas de denuncias ingresadas entre septiembre 2007 y
agosto 2009, la mayoría de ellas respondieron a la aplicación del
derecho de admisión impropio en instituciones educativas privadas;
fundamentalmente casos de negativa de rematriculación sin expresión de
causa o bien debido a determinadas actitudes de los/as padres y madres
de los/as alumnos/as hacia autoridades del colegio (Viceconte Martín.
“Aspectos Jurídicos del Derecho de Admisión en Colegios Privados”. 27
de Septiembre de 2011. www.infojus.gov.ar. Id SAIJ: DACF110144).
Ahora bien, el Estado ostentando el “poder de policía” puede
delimitar el alcance de los derechos individuales a través del dictado
de normas reglamentarias con el fin de lograr una convivencia pública,
pacífica, democrática, saludable y plural, en aras del bienestar
general y la prosperidad de toda la comunidad en su conjunto.
El ordenamiento normativo argentino no reconoce derechos
absolutos. Así lo dispone la Constitución Nacional
en su artículo 14: “…Todos los habitantes de la Nación gozan de los
siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio;
a saber: (…) de enseñar y aprender…”.
Además en materia del derecho de ‘enseñar’ la Ley Federal de
Educación establece que es competencia del Estado autorizar, regular y
supervisar el funcionamiento de colegios privados (Arts. 6, 13 y 14 de
la Ley Nacional N.° 26.206).
Asimismo, es preciso señalar que en lo relativo a la situación de
los/as niños/as y adolescentes, el Estado detenta una particular
responsabilidad frente a la sociedad. En efecto, su intervención en
materia de infancia y adolescencia no se limita a garantizar e y dar
efectivo goce y ejercicio de los derechos de la infancia como un fin
“per se”.
Por el contrario, entraña la legítima aspiración pública de
producir la transformación de las generaciones futuras en adultos/as
funcionales (Mónica González Contró, “Paternalismo jurídico y derechos
del niño”, Alicante España, Revista Isonomía N° 25, 2006, P. 119).
En este orden de ideas, es importante considerar que el inicio de
un contrato de enseñanza -y su continuidad- supone la expresión de

voluntad de los destinatarios del
servicio, previo análisis de los distintos aspectos que hacen a la
relación educativa como por ejemplo, el contenido curricular, la
infraestructura edilicia, el ideario de la institución, etc. Esto se
debe a la innegable
inclinación natural que tienen los padres por el bienestar de sus
hijos, siendo la calidad de la educación una de sus mayores
preocupaciones. Así lo refleja la Ley Nacional N° 26.206, cuyo artículo
128 establece: “…Los padres, madres o tutores/as de los/as estudiantes
tienen derecho a: a) Ser reconocidos/as como agentes naturales y
primarios de la educación(…) c) Elegir para sus hijos/as o
representados/as, la institución educativa cuyo ideario responda a sus
convicciones filosóficas, éticas o religiosas(…) entendiendo de esta
manera las inquietudes de los padres al momento de elegir el colegio
donde su hijo recibirá educación oficial resulta evidente que tal
decisión excede el lapso temporal del ciclo lectivo. El propio sentido
común no permite otra interpretación posible ya que extendiéndose la
educación obligatoria desde los cinco años de edad hasta la
finalización del nivel secundario (Art. 16 de la Ley Nacional No
26.206), nadie concebiría con sensatez contratar con trece colegios
distintos.
Igualmente lógico es suponer que el cambio de institución obedezca
a motivos concretos tales como que los
padres se encuentren disconformes con el servicio, o por motivos
económicos, o incluso que la finalización de un nivel determine un
cambio de orientación como por ejemplo orientación técnica o modalidad
bilingüe, etc. Por lo tanto, si bien el contrato de enseñanza tiene por
duración el curso de un ciclo lectivo, los destinatarios de este
servicio poseen, cuanto menos, una expectativa legitima de prolongar
dicho vínculo jurídico durante los años siguientes.
Con fundamento en ello es que, el derecho de admisión en colegios
requiere que el mismo sea con la suficiente antelación, de forma tal
que la decisión unilateral de la institución, contrapuesta a la
expectativa legítima de los destinatarios del servicio de educación, no
resulte intempestiva y deje al niño temporalmente desescolarizado.
Sin embargo, no puede soslayarse que otro punto a tener en cuenta
sobre la mecánica contractual de la educación de gestión privada se
relaciona con la desigual posición en la que se encuentran las partes
al momento de contratar.
Es sabido que la celebración de un contrato educativo no es
precedida por una etapa de negociación de las condiciones y términos
del acuerdo. Los destinatarios del servicio de educación son la parte
más débil de la ecuación contractual y se encuentran imposibilitados de
modificar cualquier cuestión con la que desacuerden.
Por lo que resulta atendible recurrir al análisis de la
proporcionalidad entre el medio empleado (la decisión de no contratar o
de dejar de contratar con alguien) y los fines propios que persigue la
actividad educativa en cuestión.
En este punto resulta fundamental citar La Convención sobre los
Derechos del Niño, cuyo artículo 29, establece que la educación debe
estar encaminada a: “…b) Inculcar al niño el respeto de los derechos
humanos (…) c) Inculcar al niño el respeto de sus padres (…) d)Preparar
al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con
espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad (…)”.
Fines similares a los establecidos en la Convención son
perseguidos además por las Leyes Nacionales No 26.061 (Art. 15) y
26.061 (Arts. 3 y 11), tal como se diera cuenta de ello en ocasión de
considerar el interés público inherente a la actividad educativa.

Por su parte el Decreto N. o 1086/05, que declara de interés
nacional el estudio multidisciplinario titulado “Hacia un plan nacional
contra la discriminación” señala respecto del ámbito de la educación
que: “…La institución
escolar cumple el papel de agente estatal que construye, es decir
contribuye o bien contrarresta o mitiga, los procesos discriminatorios
que se dan en la sociedad. Además, es un escenario privilegiado de
observación de los procesos clasificatorios y las constelaciones de
sentido que articulan creencias, valoraciones y jerarquías construidas
históricamente…”.
De las normas citadas precedentemente surge con claridad que la
educación posee fines de integración y cohesión social y estos
objetivos confrontan con los efectos producidos a partir del ejercicio
del derecho de admisión (Juan Carlos Tudesco, “La educación en el marco
del nuevo capitalismo”, Pág.12/15, disponible en:
http://www.aporrea.org/educacion/a23189.html).
Es en este aspecto que resulta fundamental analizar uno de los
motivos más frecuentes de conflicto en el ejercicio del derecho de
admisión en colegios privados, como en el caso bajo estudio, este es la
actitud de los padres como argumento para no rematricular al alumno/a.
Sea por la razón que fuere su origen, si el desacuerdo persiste –
y en la mayoría de los casos no solo que el conflicto perdura sino que
se acrecienta abarcando otras cuestiones- el resultado suele ser la no
rematriculación del niño sin expresión de causa o por motivo de la
actitud de los padres.
Esta situación recurrente, motivo de la mayor cantidad de
denuncias por discriminación en el ejercicio del derecho de admisión en
colegios privados, resulta actualmente insostenible. La ligereza con la
que las autoridades de los colegios privados adoptan la decisión de no
rematricular a un niño por la actitud de sus padres, sin reparar en la
gravedad simbólica y conceptual de dicho mal obrar ni contemplar sus
consecuencias dañosas, requiere una respuesta contundente a través del
reproche jurídico.
Para comenzar, debe partirse del presupuesto de que los niños -en
mayor o menor medida de acuerdo con sus respectivas edades y
particulares situaciones de marginación y desamparo- conforman un grupo
históricamente
vulnerado. La raíz de la afectación sistemática de los derechos de los
niños se relaciona con la posición de inferioridad en la que éstos se
encuentran frente a los adultos por no poder ejercer tales facultades
jurídicas por
sí mismos debido a que carecen de competencia básica. Dicho en otras
palabras, los niños necesitan de los adultos porque desconocen aspectos
de la realidad necesarios para tomar las decisiones que mejor
satisfacen sus intereses. Este vicio de la voluntad propio de esa etapa
de la vida ha llevado a que, por muchos años, los niños fueran objeto
de tratos abusivos e incluso, en algunos casos, inhumanos.
El ya citado Decreto N° 1086/05 explica la matriz de los
prejuicios existentes en torno a la infancia destacando al respecto que
«La discriminación hacia los niños, niñas y adolescentes tiene dos
grandes problemas de sustentación. Por un lado, existen ciertas
concepciones sociales -cristalizadas en la normativa vigente- que
consideran a los niños, niñas y adolescentes como propiedad de los
padres (…)».
Esta visión menospreciante del/la niño/a como sujeto de derecho se
encuentra específicamente prohibida por el principio de no
discriminación sentado en la Convención de los Derechos del Niño, Art.
2, Inc. 2, el cual dispone «…Los Estados Partes tomarán todas las
medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra

toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las
actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres
(…)».
Por lo tanto, la decisión de un colegio privado de no
rematricular a un alumno por causa -explícita u aparente- en conflictos
o diferencias mantenidas con sus padres, debido a actividades u
opiniones de estos es vista «prima facie» por la norma, como un motivo
de carácter discriminatorio.
Esta forma de discriminación específicamente contemplada en la
Convención sobre los Derechos del Niño viene a integrar la prohibición
general dispuesta en la Ley Nacional N. o 23.592, artículo 1.
Tal criterio interpretativo ha sido sostenido reiteradamente por
este Organismo a través de sus dictámenes N. o 52/09 (Expte. ME N. o
8133/08), 518/10 (Expte. ME N. o 6819/07), 541/10 (Expte. ME N. o
756/07), entre otros).
Esto se debe a que la norma antidiscriminatoria presenta una
estructura gramatical bastante permeable. El
referido artículo 1 de la Ley Nacional N.° 23.592 se compone de dos
párrafos relacionados entre sí a través del
vínculo género-especie entre la arbitrariedad y la discriminación. El
primer párrafo describe la ilicitud del acto de forma indirecta,
haciendo hincapié en sus efectos mientras que el segundo párrafo
recurre a la ejemplificación como técnica legislativa para establecer
un catálogo no taxativo de motivos considerados discriminatorios, los
cuales sirven de guía interpretativa para los órganos encargados de la
aplicación de la norma. Es justamente la flexibilidad que adquiere la
norma a partir de su diseño la que permite que estándares
internacionales en materia de igualdad y no discriminación sean
integrados para determinar el alcance de su reproche legal.
Asimismo, es preciso señalar que la referida norma establece como
sanción, además de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados,
la nulidad del acto lesivo; debiendo retrotraerse la conducta
discriminatoria -en este caso la decisión del colegio privado de no
rematricular a un alumno por actividades u opiniones de sus padres- al
estado anterior a la producción de efectos.
Finalmente para que el reproche de la ley antidiscriminatoria
resulte efectivamente aplicable a un caso concreto, la conducta
cuestionada debe exhibirse arbitraria; es decir, carente de
razonabilidad (fundamentación) suficiente y en este punto nos
encontramos concretamente.
La joven M.V fue expulsada del Instituto Santiago Ferrari atento
la imposibilidad de restablecerse el vínculo entre las autoridades y el
padre de la alumna, según consta en la notificación enviada por la
escuela y acompañada en la presente actuación.
Consecuentemente, podemos afirmar que la educación de la
adolescente resultó quedar inmersa en medio del conflicto entre
adultos, abordada ella como objeto de la relación contractual
subyacente, desatendiéndose así el nuevo paradigma puesto en marcha a
partir de la sanción de la Ley Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes
y los preceptos internacionales que la avalan, según los cuales el
Estado y la ciudadanía adulta en su conjunto son los responsables de
garantizar y procurar la máxima satisfacción de sus derechos
(http://files.unicef.org/argentina/spanish/Cuadernillo_Ley_13298.pdf).
En este orden de ideas, resulta necesario recordar el hoy
abandonado paradigma según el cual el niño/a era considerado objeto de
tutela del Estado, lográndose otorgar hegemonía al principio de
“niño/as como sujeto de derecho”.

Este significativo avance implicó el traspaso de la doctrina de la
situación irregular a la doctrina de la protección integral de la
infancia, concebida por un Estado que defiende la igualdad de derechos
y respeta la diversidad social y cultural (Documentos INADI “Niños,

Niñas y Adolescentes”, disponible en: http://inadi.gob.ar/2012/11/ninos-
y-ninas-sujetos-de-derecho).

En virtud de lo antedicho, considero que la no rematriculación de
una alumna con especial motivación en los desacuerdos suscitados entre
adultos, configura una práctica discriminatoria reprochable en tanto y
en cuanto reproduce el paradigma de estigmatización de niño objeto de
tutela.

– V –

CONCLUSIÓN
Por los motivos expuestos, considero que los hechos denunciados
encuadran en los términos de la Ley N.° 23.592, normas concordantes y
complementarias precedentemente citadas, como conducta discriminatoria.

 

 

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