El debate por la Inseguridad: famosos y ‘desestabilizadores’

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La polémica en torno a la (IN)seguridad en la Provincia que desató el atraco a Fernando Cáceres, se incrementó en los últimos días al ritmo vertiginoso que sabe imponerle la TV al debate de las cuestiones en las que suele posar su mirada, de manera sistemática, según sea el momento y acorde a necesidades propias, nunca confesables, de reflejarlas.

La estelar irrupción de las principales figuras mediáticas en el debate acerca de la inseguridad, que ciertamente preocupa; regó en la sociedad la creencia de que por estas horas, y por un buen rato, habrá de ser prudente salir con chalecos anti-balas a realizar las tareas cotidianas, o tener buenos reflejos para esquivar tiros, si es que uno apuesta a seguir con vida en esta suerte de fart west en el que, es cierto que sobre la base de hechos reales (pero sobredimensionados ¿al servicio de…?), se ha convertido el pais en general, y la Provincia en particular.

No está mal que Marcelo Tinelli; Mirta Legrand y Susana Giménez hablen sobre la seguridad. Son, después de todo, ciudadanos al fin más allá de su inmensa popularidad y, como tales, conviven con el resto de los mortales con nuestras propias miserias mundanas. Lo sospechoso del mensaje “nos van a matar a todos” o “hay que salir a reprimir” es la circunstancia en la que se riega.

Lo inexplicable es como los mismos dirigentes políticos que hablan de un ‘Plan desestabilizador’ justifican las conclusiones apresuradas y –sobre todo- livianas de personajes que parecen haber descubierto hoy la inseguridad, pese a que las cifras oficiales digan lo contrario. Si las estadísticas dicen, según Carlos Stornelli, que los delitos han disminuido en el último tiempo, quiere decir que antes, hubo mayor inseguridad. Una perogrullada sobre la que vale la pena reparar. ¿Que dijeron entonces desde sus tribunas doradas de la mercantil construcción mediática estos repentinos defensores de la ‘seguridad’ y de la ‘paz’ social?  Allí cuando la Inseguridad, insisto, era “más alta”, según lo admitió la autoridad política provincial y nacional.

El debate acerca de la existencia o no de un auge del delito que convierta el entorno en el que vivimos poco menos que en la ciudad de la furia, consolidó en las últimas horas la existencia de argentinos de “primera” y conciudadanos de “segunda”.

Parece que si los desocupados y excluidos organizados en luchas sociales cortan la circulación de una vía troncal, hay animus destituyente en su comportamiento. Por el contrario, si alguien reproduce en decenas de miles de televisores, sistemático, la sensación de que hay que temer porque “nos van a matar a todos”, lejos de atentar contra la institucionalidad democrática y particularmente contra la paz y tranquilidad social, ejercen su real derecho a opinar. Tarde, a juzgar por las cifras oficiales que reflejan, dicen desde el Ejecutivo, una mejoría en el mapa del delito actual.

Dijo Scioli en las últimas horas: “Se han generado distintas situaciones, cuando uno ve en el conjunto de ellas, evidentemente quieren generar un clima de angustia e incertidumbre”. No hablaba, aunque diera toda la sensación, de la campaña televisiva por la Seguridad. ¿Qué genera más “clima de angustia e incertidumbre” en la sociedad?, un piquete en la 9 de julio, con todos los problemas que ciertamente ocasiona en el tránsito para quienes por allí circulan, o el bombardeo nada inocente reproducido poco menos que en cadena nacional y durante todo el día a lo largo de toda la programación y a lo ancho de la grilla televisiva, del llamado “a reprimir” porque la derivación inmediata de no hacerlo va a terminar, inexorable, “con todos nosotros muertos”?

¿”No hay que asustarse por los reclamos en el marco de la Democracia”, como dijo Scioli para justificar los dichos de los famosos?. O, más bien, “No hay que asustarse si los famosos piden sin ningún tipo de responsabilidad social –que debieran ejercitar por el rol y la exposición pública que tienen- ‘más seguridad’ que significa siempre más represión; pero hay que hacerlo si los excluidos, seguro que también fogoneados pero antes que nada funcionales a sus propias necesidades, realizan piquetes cortando rutas?. 

Alguien debería explicar por qué la comunión entre un puñado de piqueteros con mucho rechazo social;  partidos políticos que ostentan el 5 por ciento del electorado y los Medios configuran un clima “destituyente”, mientras que la reproducción hasta el hartazgo de la frase “Por favor, hagan algo” –traducido: los funcionarios actuales no hacen nada, no sirven, son ineptos para controlar la Inseguridad- en boca de personajes de la farándula respetados aunque por cuestiones que nada tienen que ver con la planificación de políticas públicas de seguridad y vistos diariamente por más de 3 millones de personas, no sólo no forman parte del supuesto Plan Desestabilizador, sino que, ni siquiera, infunden “temor” ni generan “incertidumbre y angustia” social.

CONTRAVENCIONES, LA «REFORMA»

En la semana que termina el Ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, desempolvó un viejo proyecto para –dice- “darle más poder” a la Policía de la Provincia, sobre la base de modificar el Régimen de Contravenciones actualmente vigente.

Un verdadero compendio de contravenciones ya existentes, del que sólo sobresalen las más polémicas medidas de las que se habló a lo largo de la última semana y que anticipó exclusiva INFOCIELO: Baja la imputabilidad de los 16 actuales en las reglas contravencionales vigentes hasta los 14 años de edad; castiga a los que obstruyan la circulación, particularmente aquellos que protesten con el rostro tapado; a aquellos que ‘escrachen’ a los funcionarios públicos y a quienes mendigaren o pidan dádivas de forma amenazante, una controvertida fórmula que permitirá detener a cuidacoches y limpiavidrios y mendigos.

Presentada, grandilocuente, como un nuevo código de Contravenciones en la Provincia, la iniciativa que pergeñó Stornelli reedita el Decreto Ley 8031/73, conocido como el Código de Faltas, en una nueva versión, aggiornada, apuntándole a los nuevos actores sociales, la mayoría de los cuáles nacieron, paradójico, al calor de la ausencia de un verdadero Estado inclusivo que los marginó, primero, y definitivamente los excluyó del sistema después.

Un ejemplo: la sanción para el que transitare “o se presente en lugares accesibles al público en estado de ebriedad”, está en plena vigencia, según el Decreto Ley 9163/78. La Ley Stornelli, la mantiene, presentándola como novedosa, cuando, en rigor, maquilla la sanción que le cabe al infractor endureciéndola con el agregado: “si resultare necesario para salvaguardar la Salud del infractor, podrá ser retenido hasta 5 días”. La misma modificación que intentó colar en la última reforma a la Ley que regula el expendio de bebidas alcohólicas, pero que no pasó en diputados.

La reforma contravencional se completa con la tipificación reprimible para el que “merodeare o permaneciere sin causa justificada en las inmediaciones de un inmueble, de un vehículo o de un establecimiento”; y la posibilidad de meter preso a quien “mendigare o exigiere dádivas” de manera amenazante o vejatoria.

Más de lo mismo, si no fuera por dos agregados que pueden provocar un efecto contrario al esperado: la participación de la misma cantidad de uniformados de Policía en la persecución de las nuevas contravenciones; Es decir, el mismo recurso para más tareas, y la participación de los fiscales, atestados ya y más necesitados de descomprimir tareas, que de sumar actividades.

 

Hace bien la Provincia en aclarar que antes de enviar la “reforma” consultará a los municipios. Sabrán por caso los intendentes que la creación de “los nuevos establecimientos especiales de detención” deberán ser construidos, es decir, financiados, por las alicaídas arcas municipales?. Eso, al menos, es lo que dice el proyecto de Ley que elaboro Stornelli.

RUIDOS EN EL GABINETE

Stornelli sumó a las crecientes críticas hacia su figura por la evidente falta de un plan de Gestión para atender la principal preocupación de los bonaerenses, un imperdonable error de tipo político, reposicionando, gratuitamente, a su antecesor, León Arslanián, dos años después de haberlo reemplazado.

Dicen desde el entorno del gobernador que fue la última que Scioli le tolera, y que todavía sigue en el gabinete provincial más por las repercusiones que su alejamiento podría tener en esta coyuntura, que por decisión del gobernador de revalidarle crédito. Pero tiene fecha de vencimiento.

¿Qué hay de cierto en el posible alejamiento de Mario Oporto de la Dirección General de Cultura y Educación y del desembarco de Santiago Montoya, una vez más, en el equipo del gobernador?. Dicen los que saben que una y otra podrían estar íntimamente relacionadas: tranquilo y sin ganas de volver, el ex recaudador le habría propuesto a Scioli, deseoso de repatriarlo, la manera en que debiera concretarse su desembarco. Se trata de una reestructuración que alumbrarían dos grandes áreas, una eminentemente política, que podría estar a cargo de Mario Oporto, y otra de gestión, en la retornaría retornaría el ex sabueso. Sería el ‘precio’ de Montoya, para cobrarse la expulsión del gabinete provincial.

Artículo de opinión publicado en Infocielo.com.ar

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