El levantamiento carapintada que costó 13 vidas: a 30 años de la última sublevación militar en la Argentina

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En los primeros días de diciembre de 1990, el entonces presidente Carlos Saúl Menem fue a almorzar -a solas- con la diva de la televisión, Mirtha Legrand, en su clásico programa que se emitía por ATC (Argentina Televisora Color). Antes de sentarse a la mesa, ambos brindaron por la Patria; Menem, en alusión al reciente alzamiento carapintada, señaló que habían querido matarlo -su nombre circuló en una lista elaborada por los sublevados-, que lamentaba la sangre que se había derramado “arbitraria, torpe y salvajemente” por obra y culpa de unos “forajidos” y que el pueblo argentino no deseaba “volver más a tiempos ya superados”.

La diva de los almuerzos señaló que sentía una “enorme emoción” y era un “gran orgullo” recibir al presidente Menem. Si bien reconoció que no lo había votado, estaba muy contenta con la marcha del gobierno. Recordemos que Menem llevaba casi un año y medio en el poder (desde el 8 de julio de 1989, con la entrega anticipada de Raúl Alfonsín). En ese lapso, el mandatario riojano había archivado las promesas de campaña de “Revolución Productiva” y “Salariazo”, aliándose con los sectores más concentrados de la economía (el grupo empresarial Bunge y Born), la derecha tradicional encarnada en los Alsogaray (Álvaro y María Julia) y llevado a cabo una política de corte profundamente neoliberal que implicó la “racionalización” del Estado; severos ajustes; aumentos brutales de tarifas; privatizaciones de empresas públicas (SEGBA, ENTEL, Aerolíneas Argentinas); entre otros aspectos.

Las políticas neoliberales de Menem generaron rupturas y cuestionamientos al interior del peronismo (Antonio Cafiero, el surgimiento del Grupo de los 8), el sindicalismo combativo liderado por Saúl Ubaldini y con el principal partido de la oposición, la Unión Cívica Radical, encabezado por Raúl Alfonsín. El rumbo del gobierno también generó malestar en sectores de las Fuerzas Armadas, en especial, aquellos identificados con una postura nacionalista, autónoma de los Estados Unidos y con un proyecto de país de corte industrialista. Entre estos sectores se encontraba Mohamed Alí Seineldín.

¿Quién fue Seineldín?

El “Turco” Seineldín (o Milo, para sus allegados), hijo de inmigrantes libaneses, nació en 1933 en Concepción del Uruguay (Entre Ríos). A los 24 años egresó del Colegio Militar de la Nación con el grado de Subteniente del Arma de Infantería. Luego realizó el curso de paracaidista siendo designado como Jefe de su especialidad en 1968. Durante los “años de plomo” participó en el Operativo Independencia en Tucumán (cuyo objetivo era aniquilar a la guerrilla rural del Ejército Revolucionario del Pueblo), bajo las órdenes de Domingo Antonio Bussi. Cabe señalar que Seineldín fue uno de los pocos oficiales que respaldó al débil gobierno de Isabelita, viuda de Juan Domingo Perón y fue considerado “persona no confiable” por los militares genocidas que asaltaron el poder el 24 de marzo de 1976.

Para 1978, durante el Mundial de Fútbol, Seineldín encabezó la Unidad Especial Antisubversiva; se movilizó ante la inminencia del conflicto con Chile por el Canal del Beagle (se hizo cargo en Mendoza de los grupos Halcón I y Halcón II) y en 1982 participó de la operación “Virgen del Rosario” mediante la cual se recuperaron las Islas Malvinas. Durante el conflicto bélico del Atlántico Sur cumplió un destacado rol que le valió una condecoración y el ascenso a coronel en 1985. Poco después fue destinado como Agregado y Asesor Militar en Panamá.

 Fotografia de archivo del ex coronel Mohamed Ali Seineldin durante el utimo alzamiento "Carapintada" en diciembre de 1990.
Foto NA Fotografia de archivo del ex coronel Mohamed Ali Seineldin durante el utimo alzamiento «Carapintada» en diciembre de 1990. Foto NA

En 1988 y en especial en 1990, como veremos enseguida, encabezó pronunciamientos militares contra la democracia por lo cual fue condenado a cadena perpetua y luego indultado en 2003 por el entonces presidente Eduardo Duhalde (junto con el ex jefe guerrillero Enrique Gorriarán Merlo). En aquellos tiempos del “que se vayan todos”, Seineldín convocó al pueblo argentino para encabezar una “revolución similar a la del 25 de mayo de 1810 o el 17 de octubre de 1945”; cuestionó las políticas económicas neoliberales implementadas desde 1976; pidió la pena de muerte para Carlos Saúl Menem por “traición a la Patria”, e incluso calificó como “excelente” el discurso de Fidel Castro en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (que visitó el país en ocasión de la asunción de Néstor Kirchner), destacando que aquella nación “bloqueada como está, ha desarrollado un bienestar general para sus ciudadanos”. Seineldín falleció en el 2009, a la edad de 75 años.

Los militares y la democracia

Una vez recuperada la democracia, el 10 de diciembre de 1983, luego de siete años de la dictadura más atroz sufrida por el pueblo argentino, la cuestión militar fue un gran problema para el flamante gobierno de Raúl Alfonsín. Cumpliendo sus promesas de campaña, derogó la Ley de Autoamnistía n°22.924 (denominada Ley de Pacificación Nacional) sancionada por Reynaldo Bignone, el último dictador del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, que exoneraba de culpa y cargo a los militares que participaron en la “guerra sucia” contra el “terrorismo”. Alfonsín también creó la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), encabezada por el escritor Ernesto Sábato que recopilaría testimonios e información sobre el genocidio perpetrado desde el Estado.

La política del gobierno radical hacía las Fuerzas Armadas se caracterizó por tres aspectos: 1) Rechazar toda auto-amnistía: además de derogar la mencionada ley de Bignone, Alfonsín ordenó el arresto de los miembros de las tres primeras juntas militares que gobernaron al país entre 1976 y 1983, por ofensas criminales tales como privación ilegítima de libertad y tortura. También ordenó la persecución penal por asociación ilícita, atentados contra el orden público y la paz interior de los líderes guerrilleros Mario Eduardo Firmenich, Fernando Vaca Narvaja, Enrique Gorriarán Merlo y Roberto Perdía; 2) Reconocer que existían distintas responsabilidades: entre los actuantes había una responsabilidad de quien tomó la decisión de actuar como lo hizo; otra responsabilidad distinta de quienes, en definitiva, cometieron “excesos” en la represión y otra muy distinta de quienes no hicieron otra cosa que cumplir órdenes. Esto fue denominado como la teoría de los tres niveles; 3) Disminuir el presupuesto de las Fuerzas Armadas: a fin de debilitarlas y que aceptaran subordinarse a la Constitución y respetar las reglas de la democracia.

El 13 de Julio de 1984 la CONADEP hizo público su informe denominado “Nunca Más”. Acompañado por una multitud, Ernesto Sábato entregó la información (más de cincuenta mil páginas) al presidente Raúl Alfonsín. Allí se demostró que los derechos humanos habían sido violados en forma orgánica y sistemática por el Estado entre 1976 y 1983 y concluía afirmando que “la dictadura había producido la más grande tragedia de nuestra historia para alcanzar la tenebrosa categoría de lesa humanidad y que habían sido pisoteados los principios éticos de las más grandes religiones”.

Poco después, se iniciaron los juicios a los comandantes de las Fuerzas Armadas, un hecho histórico e inédito en la historia universal. Con excepción de los Juicios de Nuremberg en que un Tribunal Internacional juzgó a los jerarcas nazis, en ningún país del mundo los dictadores fueron sentados en el banquillo de los acusados, lo que contrasta fuertemente con las transiciones negociadas que tuvieron lugar en esos años en Uruguay, Chile, Brasil, España, Portugal y Sudáfrica.

El juicio y la condena a las Juntas (perpetua a Videla y Massera, 17 años a Viola y condenas menores a otros militares) generó fuertes reclamos de sectores de las Fuerzas Armadas al gobierno y se iniciaron una serie de alzamientos que atentaron contra la estabilidad democrática del presidente Alfonsín. Asimismo, la negativa de los militares acusados de violaciones a los derechos humanos de presentarse a declarar no hizo más que agudizar las tensiones.

El 24 de diciembre de 1986, el gobierno dictó la “Ley de Punto Final” mediante la cual se fijó un límite de sesenta días para presentar nuevas denuncias contra el personal militar que habría cometido “excesos”. Pasado ese plazo, no sería posible abrir nuevas causas. En la Semana Santa de abril de 1987 se produjo una rebelión liderada por el teniente coronel “carapintada” Aldo Rico, que tomó la Escuela de Infantería de Campo de Mayo. Alfonsín viajó allí a negociar con los amotinados mientras una multitud aguardaba impaciente en la Plaza de Mayo. Al regresar a la Casa Rosada, Alfonsín, flanqueado por Antonio Cafiero, líder del Partido Justicialista, afirmó que un grupo de hombres “algunos de ellos héroes de la guerra de las Malvinas”, tomaron una posición equivocada y que habían aclarado que su intención no era la de provocar un golpe de Estado. El primer mandatario dio por finalizado el episodio con aquella famosa frase de “Felices Pascuas. La casa está en orden”. Un par de meses después, como respuesta a ese alzamiento, se sancionó la Ley de Obediencia Debida que eliminaba la responsabilidad de los subalternos por los crímenes cometidos en la dictadura.

En el año 1988 se sucedieron nuevos planteos de las Fuerzas Armadas al gobierno. Planteos que se dieron en el marco de una profunda crisis económica que se devoraba planes y ministros. En enero, nuevamente Aldo Rico encabezó un alzamiento, esta vez en Monte Caseros (Corrientes), replicado en San Luis y en Santa Cruz. Tras unos días de tensión, Rico se rindió ante las fuerzas leales. Antes de fin de año, en diciembre, se produjo un levantamiento encabezado por Seineldín en el Batallón de Arsenales de Villa Martelli reclamando el cese de los juicios y la amnistía para los militares acusados de cometer violaciones a los derechos humanos. La mayoría de los partidos políticos repudió el alzamiento y una multitud se congregó en las inmediaciones del Congreso para defender la democracia. Seineldín, tras un acuerdo con el Jefe del Ejército, se rindió. Poco después, tomó contacto con el candidato justicialista Carlos Menem y se convirtió en su asesor militar.

En el primer semestre de 1989 pasó de todo (en un contexto de cortes de electricidad y agua periódicos y permanentes): en enero se produjo un intento de copamiento del Regimiento 3 de Infantería de La Tablada por parte de una agrupación de izquierda denominada MTP (Movimiento Todos por la Patria). La recuperación del cuartel realizada por la Policía Bonaerense y el Ejército dejó un saldo de 39 muertos. Luego vinieron las elecciones en que triunfó Carlos Saúl Menem, candidato del justicialismo; un golpe de mercado contra el exangüe y derrotado gobierno radical que devino en saqueos, represión y muerte y la entrega anticipada del bastón presidencial.

Con respecto al problema militar y la “subversión”, el flamante presidente Menem afirmó que en pos de la “reconciliación, el mutuo perdón y la unión nacional” iba a indultar a los militares y a los guerrilleros. Así, el 8 de octubre de 1989, sancionó un decreto por el cual indultó a la totalidad de los altos jefes militares procesados y que no habían sido beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida sancionadas durante la presidencia de Alfonsín; a todo el personal militar, de la Prefectura Naval y de inteligencia que intervino en las rebeliones contra el gobierno constitucional en la Semana Santa de 1987, Monte Caseros y Villa Martelli y a los ex- miembros de la Junta Militar Galtieri, Anaya y Lami Dozo, condenados por sus responsabilidades políticas y estratégico-militares en la aventura de las islas Malvinas. El decreto también incluyó a procesados y condenados por “actividades subversivas”, con excepción del líder de Montoneros, Mario Firmenich, que se encontraba cumpliendo condena en la cárcel de Villa Devoto.

Los indultos menemistas habilitaron dos caminos distintos entre los militares que habían realizado planteos a Alfonsín. Mientras Aldo Rico inició su carrera política con la fundación del MODIN -Movimiento por la Dignidad y la Independencia-, Seineldín realizó un alzamiento, el último contra un gobierno constitucional.

El alzamiento carapintada del 3 de diciembre de 1990

Si en un primer momento la relación entre los “turcos” Seineldín y Menem fue óptima, ésta se fue deteriorando a medida que el militar cuestionó el rumbo tomado por el gobierno. En diciembre de 1989, Menem firmó el retiro de Seineldín del Ejército (junto a otros 19 oficiales) y ante una serie de reclamos por los indultos y aspectos salariales, el riojano los desestimó afirmando que las “Fuerzas Armadas no son sindicatos”.

El inicio de las “relaciones carnales” con los Estados Unidos y el envío de tropas al Golfo Pérsico profundizó las tensiones. En octubre de 1990 Seineldín envió una carta al primer mandatario señalando que habría “actos reivindicatorios”, lo que motivó su arresto por sesenta días en una guarnición de La Pampa.

En la madrugada del lunes 3 de diciembre, el alzamiento se inició en el Regimiento de Infantería 1° de Patricios, ubicado en el barrio porteño de Palermo, bajo el comando del coronel Baraldini. Allí se produjo un intenso tiroteo con las fuerzas leales que pretendían recuperar el regimiento y fueron asesinados el Teniente Coronel Hernán Pita, el Mayor Federico Pedernera y el Cabo Sánchez. También se sublevaron los cuarteles de la localidad de Boulogne y de TAMSE (Tanque Argentino Mediano Sociedad del Estado) a cargo del Coronel Romero Mundani; el Batallón de Intendencia 601 de El Palomar dirigido por el Coronel Vega (con elementos del Colegio Militar y Campo de Mayo), el Estado Mayor del Ejército y el Edificio Guardacosta de la Prefectura Naval Argentina.

Seineldín preso en MagdalenaSeineldín preso en Magdalena

Enterado del alzamiento, Menem ordenó a Martín Bonnet, Jefe del Ejército, que no entrara en negociaciones, que “aplastara la sedición” y arrasara con “los forajidos”.

Los medios de prensa comenzaron a llegar al Regimiento de Patricios y entrevistaron al Mayor Hugo Abete. Éste, con un talante autoritario, señaló que no estaban dando un golpe de estado, que reconocían la autoridad del presidente Menem, pero que querían cambios en el Ejército, puesto que sus generales no los representaban. El único que los representaba, afirmó, no estaba allí, sino detenido en el interior del país y era el coronel Seineldín. También clamó por una amnistía total e inmediata para todos los militares procesados o condenados por violaciones a los derechos humanos en los años anteriores. En esa ocasión se produjo un fuerte cruce de palabras entre los periodistas y Abete. Aquéllos le dijeron: “¿Por qué 35 millones de argentinos tienen que estar pendientes de lo que hace un pequeño grupo armado? y “¿quién lo votó a usted? Abete se limitó a responder que nadie lo había votado, pero que querían tener un Ejército digno del pueblo, que tuviese honor y afirmó que iban a resistir hasta el final.

Ese 3 de diciembre tuvo algunos ribetes curiosos. Mientras se producía el alzamiento, la mayoría de la población continuó con su vida cotidiana, los bancos y escuelas funcionaron normalmente y la city porteña mostró su ritmo habitual. En los bares se hablaba de la inminente visita del presidente norteamericano George Bush que había iniciado su gira por Uruguay y Brasil y llegaría a nuestro país el 6 de diciembre.

Los rebeldes amotinados llegaron a balear el helicóptero presidencial en el que viajaba el vicepresidente Eduardo Duhalde; también recibió un balazo en la cabeza Fernando Carnota, por entonces un joven periodista de Radio Mitre.

En unas horas, la sedición fue aplastada de manera brutal, dejando un saldo de trece muertos (ocho militares y cinco civiles), veinte heridos y más de trescientos detenidos. El hecho más dramático ocurrió en Boulogne cuando un tanque rebelde aplastó a un colectivo de la línea 60, matando a varios pasajeros. El conductor del blindado, el coronel Romero Mundani, se descerrajó un tiro en la sien.

En los días siguientes, se levantó el estado de sitio, Menem prometió las penas más severas y se planteó aplicarle la pena capital a Seineldín, quien aceptó que había comandado la sublevación. Por otro lado, la visita de George Bush fue considerada un éxito por el gobierno argentino. El norteamericano le dio un rotundo respaldo a Menem, elogió las privatizaciones, la defensa de la democracia y valoró la intervención en el Golfo Pérsico.

Antes de finalizar el año 1990, Menem elaboró una profunda reforma en las Fuerzas Armadas: disolvió los cuerpos de Ejército; privatizó liceos militares y vendió edificios (3000 hectáreas de Campo de Mayo y el Alas de la Fuerza Aérea). También se conmutó la pena de fusilamiento por veinte años de prisión para Seineldín y se dictó la segunda tanda de indultos que incluyó a Videla, Massera, Agosti, Viola, Martínez de Hoz, Suárez Mason y el jefe guerrillero Firmenich.

En suma, la reducción drástica del presupuesto castrense, la liquidación de la totalidad de la industria militar, el odio social que provocó la muerte del “colimba” Carrasco y la consiguiente anulación del servicio militar obligatorio en 1994, subordinaron definitivamente a las Fuerzas Armadas a la Constitución y a la Democracia. Más allá de las profundas críticas que generaron los indultos, en especial desde los organismos de Derechos Humanos, tal vez sea ésta la mejor herencia que dejó la década menemista.

Jorge Nuñez es Historiador e Investigador del CONICET

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