En apenas dos décadas, se quintuplicó la cantidad de días que hay que trabajar para sostener al Estado

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La presión tributaria sobre la economía formal es uno de los principales condicionantes para la formación de empresas, la creación de valor y el aumento de la oferta laboral.

Según estudios publicados por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), los argentinos trabajamos entre 180 días y 210 días para el Estado sobre 365 jornadas del año.

 

La presión fiscal se aceleró en los últimos años a la par de un creciente gasto público, tanto de obligaciones corrientes como de deuda.

A fines de la década del ’90 operaba con peso en la discusión pública el Grupo Sophia, un think thank comandado por un joven Horacio Rodríguez Larreta, que sirvió de cuna para la formación de posteriores funcionarios del PRO en la jefatura porteña.

Uno de los papers elaborados en noviembre de 1997 con relación al presupuesto nacional de 1998 que se discutía por esos días en el Congreso reveló que cada argentino trabajaba 39 días para bancar al Estado.

Por aquellos días la comparación con países avanzados daba números ampliamente favorables a la Argentina: en Suecia se trabajaba unos 180 días, en Francia unos 170, en Alemania 140 y en Italia 150.

El mismo informe mostraba la evolución de los 30 años previos, con un pico de 66 días cuando Raúl Alfonsín implantó el Plan Austral y un mínimo de 35 días cuando Domingo Cavallo puso en práctica la convertibilidad.

Menem, Duhalde y Cavallo en 1993.

Pero panorama cambió abruptamente cuando ya se avizoraba la crisis de 2001. Así se sumaron el impuesto al cheque, retenciones a las exportaciones, nuevos impuestos a los combustibles y al trabajo y se aumentaron alícuotas ya vigentes, entre otros.

De esta forma la presión sobre el trabajo formal fue creciendo día a día llegando a la actual estructura, en la que casi la 2/3 partes del tiempo de trabajo de un año terminan en la caja que solventa el gasto gubernamental.

El gobierno de Mauricio Macri intentó cambiar esta situación con las modificaciones de la débil reforma que se intentó en 2016, pero desde la devaluación de mayo del año pasado se restituyeron tributos y se frenó el cronograma de reducción de retenciones -cabe aclarar que aún no hay estudios para determinar cómo impactará la rebaja del IVA en los productos de primera necesidad-.

El escenario descripto impide la ampliación de la economía formal y empuja a los actores económicos a mantenerse en la marginalidad. Y el panorama es de incertidumbre para el futuro inmediato dado que una eventual renegociación del acuerdo con el FMI incluirá una reforma del sistema tributario argentino que lejos estará de aliviar el peso del Estado sobre cada uno de los contribuyentes.

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