Juicio a las Juntas, alzamientos y final anticipado, los episodios claves del gobierno de Alfonsín

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«Adelante, radicales, adelante sin cesar; no queremos dictaduras ni gobierno militar», se animó a corear la multitud que acompañaba, por las calles de Buenos Aires, el cortejo fúnebre con los despojos mortales de Ricardo Balbín, fallecido el 9 de septiembre de 1981 a causa de una neumopatía e insuficiencia renal. Esa figura política de referencia, que había transitado los años más ásperos de la lucha contra el peronismo, imponía un recambio. Esa gente, animándose a cantar en contra del gobierno militar, justo cuando el féretro del extinto líder radical pasaba por un inactivo Congreso Nacional, también lo estaba pidiendo. Esa figura no tardaría en aparecer.

Raúl Ricardo Alfonsín había nacido en Chascomús el 12 de marzo de 1927. Graduado de abogado en la Universidad de Buenos Aires, desde joven había militado en la Unión Cívica Radical. A los 24 años fue concejal de su ciudad natal, en 1958, diputado nacional y a los 36 años fue elegido presidente del Comité de la Provincia de Buenos Aires.

Creció y se formó políticamente bajo el amparo de Balbín, quien hasta llegó a considerarlo como candidato a gobernador bonaerense para las elecciones de 1967. Sin embargo, en 1972 fue uno de los fundadores de Renovación y Cambio, una línea interna radical que lo hizo distanciarse definitivamente del viejo líder radical, enarbolando banderas que no coincidían con las del balbinismo.

Con su línea interna no pasó de ser precandidato a presidente en 1972, siendo derrotado por Línea Nacional. En los convulsionados años setenta había mucho en juego, el regreso de Juan Domingo Perón, la necesidad de una pacificación y una reconciliación que solo Perón y Balbín podían sellar. Pero una década después se impondría en las internas que lo ungirían candidato a presidente. Los tiempos habían cambiado.

Alfonsín el candidato

Luego de que el general Reynaldo Bignone, presidente de facto desde el 1º de julio de 1982, anunciara en febrero de 1983 la celebración de elecciones, Alfonsín fue el primero en largarse. Encomendó a su amigo Raúl Borrás negociar el apoyo del poderoso radicalismo cordobés para cerrar la fórmula. Se decidió que Víctor Martínez fuera el candidato a vicepresidente y Eduardo Angeloz candidato a gobernador.

Cuando los partidos políticos se preparaban para encarar sus campañas de la única forma en que sabían hacerlo, el radical fue el primero en entender el valor de la publicidad y su utilidad a la hora de transmitir un mensaje. Para ello, sumó a su equipo a David Ratto, un destacado profesional que con su agencia le dio una impronta particular y novedosa a la campaña. «Podemos ganar 42 a 38. Pero estoy convencido de que esos cuatro puntos dependerán de la publicidad» sostenía Alfonsín.

Fue el 7 de diciembre de 1982, al cierre de un acto en el Luna Park, cuando, producto de su capacidad de improvisación, estrenó dos rasgos distintivos que el equipo publicitario captaría al vuelo y los transformaría en marca registrada: el saludo juntando ambas manos por sobre su hombro y el recitado del preámbulo de la Constitución Nacional. Al periodista Giussani le explicó: «Creo que en esta recitación y en el simbolismo que la acompañaba se había producido una correspondencia perfecta entre lo que nosotros ofrecíamos y lo que la inmensa mayoría del pueblo argentino deseaba».

En julio de 1983 vendrían los eslóganes «Ahora Alfonsín» y «Juntos. Para que la Argentina gane», y un poco más adelante «Con la democracia se come, se educa y se cura».

La primavera democrática que se avecinaba provocó que al inicio de la campaña electoral se produjera un aluvión de afiliaciones tanto para el radicalismo (1.401.000) como para el peronismo (2.795.000), cuyo binomio Ítalo Luder-Deolindo Bittel llamaba a «reventar las urnas».

«Después del Pocho, después de Balbín, el líder del pueblo es Raúl Alfonsín» coreaba la gente en el acto de cierre de una agotadora campaña. Fue el miércoles 26 de octubre, en la Plaza de la República: «Se acaba la dictadura militar. Se acaba la inmoralidad y la prepotencia. Se acaba el miedo y la represión. Se acaba el hambre obrero. Se acaban las fábricas muertas. Se acaba el imperio del dinero sobre el esfuerzo de la producción. Se terminó, basta de ser extranjeros en nuestra propia tierra. Argentinos, vamos todos a volver a ser dueños del país. La Argentina será de su pueblo. Nace la democracia y renacen los argentinos».

Dos días después, en el mismo lugar, el peronismo reunía aún más gente, aunque la nota que trascendería la brindaría Herminio Iglesias al quemar un féretro y una corona con las siglas del radicalismo.

Un día antes de las elecciones, el Gobierno levantó el estado de sitio que regía desde el 6 de noviembre de 1974, cuando había sido dispuesto por Isabel Perón y prorrogado hasta último momento por el gobierno militar. El 30 de octubre las urnas dieron ganador a la Unión Cívica Radical (UCR) por 51,7% contra 40,1% del peronismo. Era la primera vez que el PJ perdía una elección general sin proscripciones.

El sábado 10 de diciembre asumió la primera magistratura. Y tal como lo dijera años después: «Era como si la plaza estuviera al revés, como si ya allí estuviera empezando a funcionar la bisagra», para explicar por qué había hablado desde los balcones del histórico Cabildo. «Una feliz circunstancia ha querido que este día en que los argentinos comenzamos esta etapa de 100 años de libertad, de paz y de democracia, sea el Día de los Derechos Humanos». Habían pasado siete años, siete meses y siete días desde el golpe del 24 de marzo.

Los derechos humanos

Cinco días después, cumplía con una de sus promesas de campaña. El 15 firmó los decretos 157/83 y 158/83. El primero determinaba enjuiciar a los dirigentes de Montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo, y el segundo, procesar a los integrantes de las tres juntas militares. Y el mismo día envió al Congreso un proyecto de ley declarando nula la ley 22924 de autoamnistía por la que los militares querían evitar el banquillo de la Justicia.

Y también ese día quedó como el de la creación de la Conadep, cuya función sería la de relevar, documentar y recolectar pruebas por violaciones a los derechos humanos. El 20 de septiembre de 1984 el Presidente recibiría de manos de notables como Ernesto Sábato, Magdalena Ruiz Guiñazú, René Favaloro, Graciela Fernández Meijide, Jaime de Nevares y Marshall Meyer, entre otros, el informe de 50 mil páginas que, posteriormente editado como libro por Eudeba, se transformaría en un best seller.

El Juicio a las Juntas fue un hecho sin precedentes. Se desarrolló entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985 y la sentencia se conoció el 9 de diciembre. Al año siguiente la ley de punto final imponía un plazo de sesenta días para procesar a acusados de violaciones de derechos humanos. Pero fue demasiado para los oficiales medios que argumentaban haber cumplido órdenes.

Carapintadas

En la Semana Santa de 1987, estalló la primera rebelión carapintada, cuando el 16 de abril el mayor Ernesto Barreiro se negó a declarar ante la Justicia por violaciones a los derechos humanos, amotinándose en el Comando de Infantería Aerotransportada de Córdoba; otros camaradas lo imitaron y se hicieron fuertes en Campo de Mayo. Exigían el cese de los juicios a militares. Con el correr de las horas, se comprobó que la única vía para descomprimir la asonada era la presencia del propio Alfonsín en Campo de Mayo, donde los rebeldes se habían hecho fuertes y las columnas leales al Gobierno nunca llegarían, porque no tenían voluntad de reprimir.

Luego de parlamentar con los sublevados, desde los balcones de la Casa Rosada diría, rodeado de varios dirigentes políticos de la oposición: «Felices Pascuas. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina». Debió soportar una silbatina cuando comentó que muchos de los amotinados eran «héroes de Malvinas».

El teniente coronel Aldo Rico, líder del movimiento, admitiría mucho después: «Alfonsín era un hombre de coraje. Se metió en la boca del lobo». Luego vendría la polémica por las leyes de obediencia debida y punto final, que apuntaban a cerrar la puerta a nuevos juicios, las que serían derogadas en 2003.

Aldo Rico en Campo de Mayo durante el levantamiento carapintada

Aldo Rico en Campo de Mayo durante el levantamiento carapintada

Dos semanas antes del amotinamiento, Alfonsín tuvo un inédito contrapunto con el vicario castrense, monseñor José Miguel Medina, en medio de una misa por los caídos en Malvinas. En su homilía, Medina abogó: «No a la delincuencia, no a la patotería, no a la coima, el negociado y la injusticia; no a la disgregación, a la antisocial emigración, a la decadencia, a la destrucción de la identidad nacional».

Alfonsín se dirigió al púlpito y desde allí le respondió: «Si conoce de alguna coima o de algún negociado que lo diga y lo manifieste concretamente… porque si se ha dicho esto delante del Presidente, es porque seguramente conoce algo que el Presidente desconoce. Quiero darle la tranquilidad de que estamos transitando el camino de la patria grande».

Relaciones exteriores

Y para construir esa patria grande, Argentina debía abrirse al mundo. En sus memorias, Conrado Storani relata que, a la hora de armar el gabinete, se barajaron los nombres de García del Solar y de Solari Yrigoyen para Relaciones Exteriores. «No, Conrado. Ya tengo el candidato. Dante Caputo. Necesito que Caputo sea el ministro de Relaciones Exteriores porque el ministro voy a ser yo», dijo Alfonsín. Varias cuestiones tenía en carpeta.

Por un lado, durante su mandato se llegó a una solución en el diferendo limítrofe con Chile por el Canal de Beagle con la firma del Tratado de Paz y Amistad. Cuatro días antes, un plebiscito había arrojado un 81% a favor del acuerdo.

(Foto: Victor Bugge – Presidencia de la Nación)

(Foto: Victor Bugge – Presidencia de la Nación)

Y por el otro, el 30 de noviembre de 1985 con la Declaración de Foz de Iguazú entre Raúl Alfonsín y José Sarney, su par brasileño, se dejaron sentadas las bases de lo que años después sería el Mercosur.

El 21 de marzo de 1985, en el marco de una visita a Estados Unidos, tuvo un improvisado contrapunto con Ronald Reagan. En un momento, el norteamericano se apartó de su discurso para incluir críticas hacia Nicaragua, remarcando: «Los que ayudan a nuestros enemigos son nuestros enemigos». Alfonsín le contestó: «Estoy convencido de que a través del diálogo se podrían encontrar fórmulas de paz, sobre la base del respeto al principio que hace al derecho consuetudinario americano de la no intervención».

«Entregaré el poder en Viedma»

En abril de 1986 anunció desde Río Negro el proyecto para trasladar la capital a Viedma. El Presidente instó a «marchar hacia el sur, hacia el mar y el frío». Estaba convencido de que debía haber una descentralización de los poderes político y económico, concentrados en Buenos Aires. Era un proyecto ambicioso —se hablaba de fundar una segunda república— que se trabajaba en el mayor de los secretos. Sin embargo, se filtró a la prensa y hubo que apurarse a anunciarlo. «Soy un presidente afortunado, entregaré el poder en Viedma», diría Alfonsín. La ley 23512 de traslado fue aprobada por el Congreso, pero las presiones empresariales por permanecer en la ciudad de Buenos Aires, el hecho de que no haya habido una planificación adecuada y la grave situación económica conspiraron para que todo quedase en la nada. Carlos Menem la desechó y fue finalmente anulada hace escasos años.

Durante la administración radical se sancionó la ley de divorcio, que establecía que aquellas parejas que hayan estado separadas por tres o más años podían solicitar el divorcio y volver a casarse. Y en abril de 1986 se celebró el Congreso Pedagógico Nacional.

Pacto sindical-militar

Tal vez Alfonsín no lo haya evaluado en toda su dimensión cuando el 27 de abril de 1983 denunció la existencia de un pacto sindical-militar. Aseguraba que el líder de la UOM, Lorenzo Miguel, y militares como los generales Cristino Nicolaides, Carlos Suárez Masón y Juan Carlos Trimarco se habrían puesto de acuerdo para que, con el triunfo peronista en las urnas, que creían seguro, se olvidarían los excesos cometidos, se mantendría la cúpula del Ejército y el poder civil no tendría injerencia en la reorganización de las Fuerzas Armadas. «Es un disparate», se defendieron los militares. Pero la denuncia, con el solo sustento de que los supuestos completados se reunían en un domicilio de la calle Pacheco de Melo, alcanzó a horadar la poca credibilidad que la gente tenía del sindicalismo. Y así Alfonsín, en la relación con los gremios, comenzó su gobierno con el pie izquierdo.

En diciembre de 1983 envió al Congreso lo que pasaría a la historia como la ley Mucci, en referencia a Antonio Mucci, ministro de Trabajo. Este proyecto de ley de reordenamiento sindical fue un intento democratizador de los sindicatos que les abría la puerta a las minorías. Se pretendía desarticular, por ley, al sindicalismo peronista. Si bien Diputados la aprobó, no pasó el Senado, donde el oficialismo perdió por dos votos en la sesión del 14 de marzo de 1984.

A Alfonsín le harían 13 huelgas generales. Con el cervecero Saúl Ubaldini, secretario general de la CGT entre 1986 y 1990, mantendrían un ácido contrapunto. «El país no está para mantequitas y llorones», criticaba el Presidente ante los reclamos de Ubaldini de que renunciase el Gobierno. «Llorar es un sentimiento pero mentir es un pecado», le respondía el cegetista. En 1988, nombró al sindicalista Hugo Barrionuevo como ministro de Trabajo en reemplazo de Juan Manuel Casella para iniciar un proceso democratizador de los sindicatos. Pero la difícil coyuntura borró cualquier intento exitoso en ese sentido.

Una economía de guerra

Porque el éxito estaba emparentado con la situación económica. A fines de 1984 la inflación llegaba a niveles alarmantes y en abril del año siguiente desde los balcones de la Plaza de Mayo anunciaba: «Vamos hacia una economía de guerra». Desde mayo de 1984 se distribuían, mensualmente, 1.200.000 cajas con alimentos del Programa Alimentario Nacional.

La solución a la crisis que vieron desde el Ministerio de Economía fue el Plan Austral. Anunciado el 14 de junio de 1985 incluía una nueva moneda, el congelamiento de precios y la desindexación de los contratos, entre otras medidas. Si bien ese año se pudo controlar la inflación, al año siguiente volvió a dispararse, lo que provocó una severa recesión. El Gobierno perdió las elecciones de medio término de septiembre y al año siguiente Argentina entró en moratoria del pago de su deuda externa.

El Plan Primavera lanzado en agosto de 1988 para frenar la hiperinflación no generó la confianza esperada, sino que provocó el efecto contrario. Hasta llegaron a mofarse en los diarios. En la edición del 28 de febrero de 1989 de La Nación se publicó un aviso fúnebre: «Spring, Jhonn q.e.p.d falleció el 26-2-89. Sus hijos Charles, Gilbert, Marcel, Oviedo y Sebastián participan de su fallecimiento. Se ruega no hacer visitas de pésame».

El sábado 13 de agosto de 1988 debió soportar una sostenida silbatina y abucheos cuando asistió a la tradicional apertura de la muestra de la Sociedad Rural. El campo no le perdonaba la política de retenciones. Alfonsín retrucó diciendo: «Estas manifestaciones no se producen en tiempo de dictadura… es una actitud fascista no escuchar al orador».

En un mensaje que dio al país veinte días antes de las elecciones del 14 de mayo, expresó: «Llegamos a esta elección en paz y con una libertad absoluta. Llegamos, también, con dificultades económicas. La Argentina, un país hipotecado por su deuda externa y con un Estado exhausto, no podrá resolver mágicamente los problemas de su economía». El Gobierno radical tendría un ministro de Economía cada 508 días: Bernardo Grinspun, Juan Sourrouille, Juan Carlos Pugliese y Jesús Rodríguez.

Carlos Menem resultó ganador. El cronograma disponía la entrega del poder en siete meses, un tiempo imposible en una situación social descontrolada, una inflación que no conocía límites y con un nivel de pobreza que superaba el 40 por ciento. «El período que va de aquí al 10 de diciembre es muy largo. Y no está claro cómo se dirigirá, a lo largo de estos siete meses, una economía que no tolera dilaciones ni ambigüedades» se sinceró Alfonsín.

Los plazos se acortarían. El 12 de junio, en un mensaje televisivo, comunicó que dejaría el gobierno el viernes 30 de junio. «La hondura de la crisis socioeconómica requiere medidas no solo enérgicas sino permanentes y que cualquier demora en adoptarlas acarreará mayores padecimientos», destacó.

Menem, quien había calificado de «sorpresiva» la decisión de Alfonsín, asumió la presidencia el 9 de julio. Otra historia comenzaba.

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