Legislar para la vida

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A lo largo de 15 jornadas, 738 oradores enriquecieron el civilizado debate sobre el aborto en el Congreso. Con dicha instancia ya cerrada, tanto los parlamentarios como los ciudadanos disponemos de un valioso cúmulo de información que ha servido para argumentar y justificar posiciones frente a una cuestión tan controvertida como importante.

En este escenario, un sondeo domiciliario y telefónico realizado por Isonomía a fines de abril en todo el país reveló paridad entre propulsores y detractores de la despenalización, y propuso una segunda instancia de análisis a partir de una premisa: «Imagine una política pública de salud que contemple educación sexual integral y planificación familiar, controles frecuentes de la madre y el hijo, contención psicológica y asistencia al parto para luego facilitar la adopción futura del niño en embarazos no planificados. ¿Usted preferiría que el aborto se permita siempre y por cualquier motivo o que el Estado promueva una normativa de este tipo?» Solo un 25% del universo encuestado se mostró a favor de permitir el aborto siempre y por cualquier motivo; el 60% se opuso.

En esta dirección, en marzo pasado y por quinta vez consecutiva se presentó en el Congreso el proyecto propulsado por la Red Federal de Familias: la ley de protección integral de los derechos humanos de la mujer embarazada y de las niñas y los niños por nacer. Propone una solución integradora que respeta y protege los derechos de la madre y del niño brindando contención y respuestas a quienes transitan situaciones de vulnerabilidad, reduciendo la brecha de inequidad. Contempla el derecho humano esencial de toda persona humana a vivir y nacer de forma digna, sin discriminar por sus orígenes, para lo cual se protege a la madre de las presiones externas que obstaculizan el desarrollo seguro de su embarazo y le reconoce prerrogativas, derechos y garantías que hacen a una tutela completa de su dignidad humana como portadora de vida, facilitando su acceso a la atención sanitaria, económica y psicológica que la sociedad y el Estado deben brindarle.

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