Los esclavizadores de Portela siguen prófugos

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El Juzgado Federal de Campana libró orden de captura para Ángel Montes, importante productor de papas de Tandil, socio de Miguel Di Lucca en la explotación de un campo donde detectaron a un grupo de trabajadores hacinados en un campo en el partido de Baradero. El sobrino de Di Lucca tiene prisión preventiva y en Balcarce sus familiares marcharon por su liberación.

La causa federal por trata de personas iniciada luego de que la delegación del Ministerio de Trabajo de la Provincia y Uatre detectaran condiciones infrahumanas de empleo en el establecimiento rural Don Lucas, de la localidad de Portela, en el partido de Baradero, arrojó novedades en los últimos días.

De las tres personas que fueron detenidas el 8 de enero, cuando se iniciaron las investigaciones, dos fueron liberadas: son los encargados del personal, a quienes se determinó como simples empleados. El tercer detenido es Francisco Di Lucca, sobrino de Miguel Di Lucca, uno de los contratistas rurales responsable de los trabajadores. Fue apresado en el Hotel Colonial de Baradero, donde se hospedaba, y permanece con prisión preventiva en la cárcel de Ezeiza.

La empresa contratista es Mauricio SRL, cuyos titulares son Ángel Montes, un reconocido productor de papas de Tandil, y de Miguel Oscar Di Lucca, oriundo de Balcarce. Esta empresa arrendó el establecimiento Don Lucas, propiedad de la firma Rural Lucas S. A., titular es Claudio Corbelli, quien tendría facturas que permitirían acreditar que no tiene responsabilidad alguna con la situación de esclavitud a la que fueron sometidos más de ochenta trabajadores de origen boliviano y santiagueño. Fabián Llaudat, del Ministerio de Trabajo delegación Baradero, informó que los contratistas hablaron de “operativo de experimentación de siembra y cosecha de papas”, para referirse al trabajo.

Sobre Miguel Di Lucca y Angel Montes pesan órdenes de captura libradas por el Juzgado Federal de Campana a cargo del Juez  Adrián González Archibay. Di Lucca estuvo en Baradero el mismo día del operativo y se fue minutos antes de que llegara Gendarmería Nacional a detnerlo, desde entonces permanece prófugo. Tenía una audiencia al día siguiente, pero no se prsentó y llamó por teléfono al delegado del Ministerio de Trabajo, Fabián Llaudat, y le dijo que estaba escondido y no iba a aparecer:

“Se puso a llorar como un chico e imploraba para que habláramos con el juzgado y dejar todo en la nada. Le dijimos que de ninguna manera íbamos a hacer eso y desde entonces está prófugo”, relató el funcionario.

Sobre Di Lucca, Llaudat expresó que en Tandil y Balcarce se lo reconoce como “alguien de mucha confianza de Montes, su brazo derecho, lo que se denomina comúnmente un testaferro”.

Un hombre de apellido Di Iorio también permanece prófugo. Es el chofer de una camioneta 4×4 en la que se movilizaba el joven Francisco Di Lucca, de 25 años, detenido.

Pedido de libertad

En Balcarce, familiares, amigos y allegados a Francisco Di Lucca,  se concentraron en las calles de la ciudad para reclamar por su liberación. El joven está acusado de ser coautor responsable del delito cometido en un campo de la localidad de Portela. En Avenida Kelly y calle 17, pancartas, pasacalles y volantes brindaban apoyo al joven. Participaron de la marcha su madre, hermanos, abuelos, tíos, amigos y allegados.

El abogado que lo representa, el Dr. Daniel Canto, afirmó que Di Lucca “es un estudiante que fue a trabajar a Baradero en una chacra donde se cultivan papas, unos 20 ó 30 días, y estaba totalmente desvinculado de cualquier tipo de relación empleado y empleador”.

Sin embargo, los trabajadores lo sindicaron como el “Patrón Costas” de la explotación medieval a la que fueron sometidos: les vendía alimentos y les cobraba el alojamiento. Gaseosas de segundas marcas a $ 9, cigarrillos a $ 7, medio kilo de pan por $ 10, un kilo de carne para puchero a $ 20 y colchones por $ 150 son los números de la “proveeduría” de los contratistas, que anotaban todo para descontar de la paga por las tareas en la cosecha. Esos alimentos eran preparados y consumidos en una cocina en la que convivían con bidones de pesticidas.

Caso testigo

El caso se descubrió tras la concurrencia al Hospital Lino Piñero por parte de ocho de los obreros hacinados. Uno de ellos quedó internado por un presunto diagnóstico de dengue junto a un paciente cuyos resultados habían dado positivo. Así trepó a los medios zonales y a los pocos días, llegaron las inspecciones al establecimiento.

“En un campo de concentración estarían mejor que acá”, manifestó el Delgado del Ministerio de Trabajo y relató que en su presentación Di Lucca había considerado: “Acá están como reyes, no saben cómo están en otros lugares”

El funcionario destacó que este tipo de situaciones existe en abundancia en todo el país: “Lamentablemente las denuncias son pocas y los propios trabajadores, por temor a quedarse sin empleo, niegan muchas veces lo que sucede”.

De la misma manera, a Llaudat le llamó la atención que los productores rurales no colaboren para detectar este tipo de cosas: “En Baradero ningún sector del campo salió a decir nada. Hay concejales de activa militancia en la Sociedad Rural y parece que no leen los diarios ni escuchan las radios, porque no se manifestaron sobre el particular”, expresó.

La Dirección Nacional de Asistencia a la Víctima facilitó el traslado de unos cincuenta trabajadores que estaban a la hora del operativo –otros treinta se habían ido por sus propios medios– a Campana, donde se los instaló en casas dignas para que descansen, se alimenten e higienicen y luego fueron enviados en micros a sus respectivos domicilios.

“Estamos realizando el reclamo salarial y los expedientes de inspección e higiene y seguridad laboral, van encaminados a multas muy severas”, informó el funcionario. “Di Lucca dijo que cargó unas 90 mil bolsas de papas, en bolsas con el logo Don Ángel, por lo que calculamos que le corresponderán unos 6.000 pesos a cada jornalero”, señaló.

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