Nuestra gran deuda interna

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“Violencia institucional y violencia social.”

“Frente a los males que la miseria y la pobreza producen en los pueblos, los microbios,

como causa de enfermedad, son sólo una pobre causa”.

Dr. Ramón Carrillo

(Dr. Elías Dobry)La Argentina desde hace muchos años viene mostrando un marcado incremento de la violencia, sea esta real o simbólica, manifiesta o latente. Se expresa tanto como Violencia Institucional (sucesivos quiebres del orden constitucional, reiteradas y graves violaciones a los derechos humanos, genocidio, pérdida de representatividad de los poderes del estado y de confianza en la opinión pública, imposición de los modelos neoliberales contrarios al interés nacional, elevados niveles de corrupción e impunidad,

manifiesta especulación financiera y destrucción del aparato productivo, criminalización de la pobreza y de la protesta social, escepticismo con pérdida de credibilidad en los poderes del estado y sus valores éticos-morales) y, también, con Violencia Social (alta fragmentación de la sociedad cuasi-estructural, pauperización, miseria, marginación, exclusión, intolerancia, discriminación, marcada desocupación y subocupación con lamentable deterioro de los indicadores en salud y educación, aislamiento, ausencia de

horizonte y de expectativas).

Al negarla o esconderla la violencia reaparece como culpabilización del Otro, siendo los pobres y los jóvenes los sujetos preferidos para encarnar ese Otro. Esta violencia negada se pone en los Otros.

La violencia ha cruzado la Argentina en los últimos treinta años; muchas veces no se habla de ella, salvo cuando nos señalamos como víctimas. La imposibilidad de inscribirla en el relato provoca como fuga, la práctica de una nueva forma de violencia.

Cuando una política económico-social rompe con todas las categorías morales, los hombres y mujeres pasan a ser medios de uso y abuso de manera tal que fuga y violencia, raptos del lenguaje y la mediocridad, sintetizan razones de nuestra brutal caída en la indignidad.

En sus múltiples manifestaciones, la violencia es una forma de ejercicio del poder mediante el empleo de la fuerza (sea física, psicológica, política, económica), expresando la existencia de un “arriba” y un “abajo” en forma de roles complementarios: padre- hijo, hombre-mujer, maestro- alumno-, patrón- empleado, joven-viejo .

El horror de la violencia irracional ha ido adquiriendo categoría casi cotidiana

constituyéndose en un grave problema de la sociedad actual generando honda

preocupación e inseguridad colectiva.

Las comunidades pueden tornarse vulnerables cuando en ellas se desatan catástrofes políticas o ambientales, o cuando sus miembros o parte de ellos protagonizan sucesos deleznables.

Vulnerabilidad (del latín “vulnerare”) significa herir, incluyendo la idea de

recibir un golpe. Los eventos dañinos o destructivos que tienen eficacia en los sujetos pueden provenir tanto de sus procesos psíquicos como del mundo exterior.

Eva Giberti describe las poblaciones vulnerables como objetivamente empobrecidas.

Su nexo con los referentes que dan significado a los propios proyectos se han roto o son cuestionados, al tiempo que la realidad no ofrece alternativas para recuperarlos. Algunos individuos logran sobreponerse porque encuentran instituciones alternativas o construyen nuevos lazos sociales, mientras que otros no encuentran el modo de reposicionarse sumergiéndose en el desvalimiento.

La vulnerabilidad psicosocial se constituye y se recrea. Su naturalización lleva

inevitablemente asociada la violencia. La vulnerabilidad es el fenómeno en el que cierto nivel de stress trae como resultado una completa inoperancia en términos de conducta adaptativa, en referencia a los conceptos de vulnerabilidad y el de resiliencia. Esta puede entenderse como la capacidad del individuo de enfrentar situaciones adversas, saliendo fortalecido, continuando con la expansión de su desarrollo. Lo esencial de estos dos conceptos (vulnerabilidad y resiliencia) es que se ponen en evidencia junto a

otras variables de riesgo como el maltrato, el abuso emocional, físico o sexual, la negligencia, la marginalidad, la violencia.

Una de las tantas definiciones de violencia dice: “Todo hecho violento es una situación de poder donde hay un sometido y un sometedor, donde alguien abusa de ese poder y de esta autoridad que alguien padece”.

Las tensiones intergeneracionales, las políticas económicas, laborales, estudiantiles, sociales, etc. expresan la existencia de una estructura violenta en la sociedad, generando la aparición de una subcultura propia que no repudia el fenómeno violento: o sea que la violencia no es ajena a nuestra cultura sino producto de ella.

El consumismo, la pérdida de una jerarquía de valores más o menos consolidada, sumados a la ausencia de ética y solidaridad son también los criterios nucleares que legitiman y posibilitan el hecho violento.

Los que ejercen la violencia, se consideran a sí mismos representantes para utilizarla supuestamente en bien de los más débiles.

La clase dirigente rompió el lazo que existía entre la palabra y la conducta

resignificándolas de una manera violenta. La violencia aparece entonces como un mecanismo de apropiación de las palabras, que en términos de historia e identidad remiten a valores profundos sólo para robar, hegemonizar y aniquilar. Ese robo literal del lenguaje permite la existencia de mutantes políticos apropiadores de palabras para continuar con las mismas conductas, privando a la sociedad de palabras que puedan expresar su asfixia. Lo que llamamos “la Cultura” ha dejado de existir al ser marginada a subsistir como cultura de la frivolidad y el divertimiento, perdiéndose la cultura

participativa de valores que nos hacen solidarios y no marginales, protagonistas del poder ciudadano que viene de la fraternidad. En tanto la identidad cultural que hermana, va languideciendo, en pos del poder tecnológico, económico, político, partidista y excluyente.

Una sociedad que aspire a considerarse inclusiva y no expulsiva, verdaderamente democrática, no puede desconocer su responsabilidad siendo importante no descontextualizarla del marco social en el que residen las principales causas de la reiteración de problemas que giran en torno a la violencia, caja de resonancia de otros fenómenos de la posmodernidad, como el individualismo extremo, lo efímero, la crisis de valores consensuados, la crisis del sujeto y de sus representaciones.

Frases como “la violencia engendra violencia” y “más de lo mismo lleva a lo mismo”evidencian que no hay retroalimentación positiva ni un auténtico cambio. Afortunadamente junto a esta realidad también crece la conciencia crítica, alertando sobre el peligro que la violencia representa para la supervivencia humana así como su inutilidad para la resolución de conflictos.

Por ello es necesario elaborar un contrato o régimen de convivencia democrática que permita neutralizar situaciones de violencia, atendiendo actitudes centrales decisivas en un ámbito confiable y positivo. Las normas son necesarias para la convivencia, ya que permiten la existencia de parámetros de referencia para la protección de sus miembros.

La norma es creada para ser cumplida; por el contrario, su incumplimiento lleva a la pérdida de confianza, encuadre y soporte, promoviendo el descreimiento y el desborde.

Si la ley es vista como valor no estará oficializada, fijada o apropiada por nadie. El respeto por el Otro será lo que oriente la conducta como expresión del encuentro solidario.

Las actuales tendencias enfatizan la creatividad, el diálogo y la participación en   contraposición al concepto tradicional de disciplina, que premia o privilegia el silencio y la pasividad, aunque sabemos que el abuso y la violencia no son patrimonio de una clase social.

Otra alternativa para la resolución de conflictos, en el marco de un proceso

constructivo, es la formación de mediadores en la comunidad que tengan como objetivo no sólo la prevención de hechos violentos sino cambiando el estilo de comunicación, privilegiando en su resolución la preeminencia del lenguaje verbal sobre la acción, con la activa participación y auto gestión de la comunidad, elaborando estrategias preventivas de situaciones generadoras de violencia.

Lo que no se resuelve por medio de la palabra encontrará su resolución por medio de actos que pueden llegar a ser violentos.

Esa violencia que permanece latente (por ejemplo la manipulación de personas, el abuso sexual, la carencia de ideales morales) tiene básicamente dos aspectos: por un lado el autoritarismo o la violencia que el más “fuerte” ejerce sobre el más “débil” y por otra la que depende de la marginación que un sector ejerce sobre otros.

De tal manera que el poder “desde arriba” y la “marginación” no siempre son hechos  muy manifiestos, pero constituyen el caldo de cultivo de un clima de violencia.

Por todo ello la violencia social se torna cada vez más grave sea por su notable incremento como por la temprana edad de sus ejecutores: no hay movimientos sociales cuyos actores sean definidos por la exclusión, la marginalidad o el encierro.

La democracia, por lo tanto, carece de fundamento si el país está fragmentado; si las desigualdades sociales son tantas que sus habitantes ya no tienen el sentido del bien común. Así como el sometimiento de la sociedad al Estado debilita la democracia (e incluso la destruye), la integración y la unidad de la sociedad política la fortalece.

La conciencia de ciudadanía (según lo ha mostrado T. H. Marshall) es lo único que permite reestablecer la unidad de la sociedad quebrantada por los conflictos y la distancia entre las clases sociales, ya que nadie se realiza en una sociedad que no se realiza. Ser ciudadano significa sentirse responsable del buen funcionamiento de las instituciones que respetan los derechos del hombre, permitiendo la amplia representación de ideas e intereses, conciencia moral o racional de pertenencia. De esta manera, ser responsable consiste en responder al llamado del “Otro”(otro individuo, otra cultura, otro tiempo): tal repuesta nos hace responsables del “Otro” en “Nosotros mismos” o como señalaba Hannah Arendt, “pensar juntos y tener, además, la libertad

para pensar”.

La persistencia de la cultura de bienestar material (de la que hablaba Tocqueville) continúa siendo una barrera a las posibilidades de cambio así como uno de los factores centrales de la degradación del espacio ciudadano y de la opinión pública cada vez más recluída en sus ámbitos privados y alejada del espacio público. Es imposible plantear el debate sobre la restauración de la soberanía política y el fortalecimiento institucional sin advertir sobre las condiciones económicas y sociales que facilitan o frustran el ejercicio

de los derechos fundamentales, hoy acotados por la situación de vulnerabilidad que sufren vastos sectores de la sociedad.

La Argentina es el único país de América latina que en cinco años duplicó la pobreza y triplicó la indigencia , generando un fuerte shock y vulnerabilidad, forma en que la inseguridad se construye deliberadamente como una forma de control social y aislamiento, que el saqueo, la barbarie, y la inseguridad se

apoderan de la Nación cuando esta ha caído en la indignidad: La Argentina es fiel expresión del modo en que una clase dirigente desató la alianza entre libre albedrío y verdad, dando lugar al envilecimiento colectivo por ausencia de reglas y, conduciéndonos a la pérdida de una idea de futuro y falta de camino.

Lo que hace digno al hombre ante sí mismo no es tanto la adscripción a determinadas reglas como sí a su fiel cumplimiento. Quienes renuncian al respecto de ciertos principios morales rompen la confianza social, sin la cual no hay reglas de derecho, previsibilidad, desarrollo, ausencia de justicia, pasando de un espacio simbólico de seguridad y confianza (que los contiene y hace libres) a otro espacio simbólico pero de amenaza perpetua y miedo hacia el Otro.

También en nombre de la solidaridad se esclaviza, se saquea el desarrollo económico, la república se hegemoniza mientras la justicia garantiza la impunidad.

Nuestro país, dentro de este proceso, ha alcanzado niveles de pobreza y desigualdad que serían inimaginables hace pocos años. Tal como lo expresara la Premio Nobel Amarthya Sen : “ La pobreza no se relaciona con la cantidad de recursos disponibles en una sociedad sino con la distribución de la misma y con las relaciones sociales que la van configurado”.

Lo más significativo es que en ninguna parte del mundo la pobreza es producto de lA falta de recursos; nunca hubo tanta producción de riqueza ni de recursos como en la actualidad aunque nunca estuvo tan mal distribuída, especialmente por falta de voluntad política.

Sólo así se explica que con una producción anual de alimentos de dos toneladas per cápita, nuestro país conviva con situaciones de desnutrición infantil y hambre.

Como si se hubiera despertado de un largo letargo la sociedad Argentina súbitamente ha reconocido la gravedad de su situación de pobreza e indigencia y las consecuencias que estas ejercen sobre las poblaciones más vulnerables: la infancia y los ancianos.

Es sabido que pobreza y enfermedad forman un círculo vicioso: una buena salud es prerrequisito para el desarrollo; sin ella las comunidades pobres no pueden alcanzar su completo desarrollo. “La pobreza es la mayor amenaza para la salud ” (“Promoción de la salud en el siglo XXI ”, Declaración de Yakarta, julio 1997).

La pobreza definida por los ingresos, el status socioeconómico, las condiciones de vida o el nivel educacional, es el más importante determinante de enfermedad ya que se asocia a una menor expectativa de vida, mayor mortalidad infantil, mala salud reproductiva, elevadas tasas de enfermedades infecciosas, persistencia de enfermedades erradicables o a la adquisición de otras que son prevenibles y evitables.

“Favorecer el desarrollo intelectual de la niñez mediante una eficaz inversión en salud, nutrición, educación y cuidados infantiles es un imperativo moral y una decisión económica adecuada: la pobreza en la infancia es insidiosa e inmoral ”( Carol Bellamy, Directora Ejecutiva de UNICEF). Los ancianos, las mujeres, los integrantes de poblaciones minoritarias y/o marginadas, especialmente los niños, cargan con los efectos más profundos de la indigencia y el consecuente aumento en la tasa de mortalidad.

Así a pesar de la tendencia mundial a su disminución, en la Argentina la mortalidad infantil pasó del 16,3 por mil en el 2001 a 16,8 por mil en el 2002. Otro dato ilustrativode la desigualdad que en materia de salud afecta a las diferentes regiones del país es que de 700.000 recién nacidos por años, los nacidos en provincias pobres tienen diez veces más posibilidades de quedar huérfanos debido a las elevadas tasas de mortalidad materna.

Otro aspecto de violencia social y abandono de las funciones que el Estado

debe cumplir, lo constituye el trabajo infantil. Entre 1997 y el 2002 aumentó 26 puntos en conglomerados urbanos entre los menores de 15 años, alcanzando según dicho informe al 31% (1.939.288 niños).

Según el último informe de UNICEF Argentina seis de cada diez menores de 18 años, el 62,7%, (3.689.588 chicos) se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Entre los indigentes, casi la mitad no recibe ningún tipo de subsidio o ayuda social (es decir que los planes sociales no llegan al 48,9 % de los más pobres). Mientras que en los países ricos menos del 5% de todos los niños menores de cinco años sufre de malnutrición, en las naciones pobres la proporción llega hasta el 50%.

El ingreso promedio en los 20 países más ricos es 37 veces mayor que el de las 20 naciones más pobres; esta brecha se ha duplicado en los últimos 40 años.

 También “existe mayor riesgo educativo” ya que una alta proporción de niños de 5 años no accede a la educación; un millón de jóvenes de 15 a 19 años están fuera del sistema educativo, sin ningún tipo de contención, no estudia ni trabaja, acentuando la inequidad y exclusión preexistentes. Cerca del 20% de la población nacional de jóvenes se encuentra en edad de estudiar, trabajar o participar de una actividad productiva e inclusiva.

La salud y la educación son derechos humanos positivos que deben ser garantizados por el Estado, asegurando el acceso universal, gratuito e igualitario a toda la población, siendo esta una decisión política irrenunciable. Aquí toman relevancia los conceptos de Alain Badiou: “La política solo puede ser un pensamiento si afirma que algo es imposible allí donde solo hay una declaración de imposibilidad.

 Para que la política recupere un lugar activo en la coyuntura histórico-social es necesario pensar su práctica y su alcance también donde, a priori, sólo podía preveerse su imposibilidad”.

Por todo ello es muy importante reflexionar como llegamos hasta aquí y como salir de esta situación; lo peor que podría ocurrirnos, es que empezáramos a ser un país con altos niveles de pobreza, ya que sería altamente negativo, no sólo por razones de equidad sino también por los nefastos efectos que generan sobre la calidad de nuestro tejido social.

La consolidación de este modelo de exclusión sólo fue posible merced a la degradación paulatina de los derechos sociales clásicos.

El reconocimiento de la realidad es un principio central para crecer; hay una crisis de episteme que se rompió quebrando por un lado la idea de futuro y por otro reproduciendo instituciones esclerosadas, pero absolutamente funcionales a esta falta de episteme.

Otro gran problema es la cuestión del Poder planteado en la ciencia política clásica con un enfoque estado-céntrico, como algo inalcanzable que está “arriba”, cuando el Poder real circula por todas partes con profundo sentido simbólico. Michael Foucault sostenía que el Poder no quiere ver, por eso no busca la verdad, busca el Poder. Por ello hay que pasar de esa concepción estado-céntrica a la generación de un contrapoder que piensa y

mira de otra manera, trabajando con un episteme diferente, desarrollando Instituciones democráticas fuertes y con mayor participación ciudadana.

Una forma de recuperar la confianza perdida es la construcción de espacios de creación política y participación ciudadana, recuperando la identidad por solidaridad e influyendo sobre el curso de los acontecimientos, hoy prácticamente automatizados.

 Este espacio simbólico de valores de moral, de reconocimiento del otro, de servicio, es el que permite vislumbrar la salida mediante tres contratos : el moral, el de la distribución del ingreso y el constitucional republicano.

El primero se basa en la construcción de un conjunto de normas morales prohibitivas con dos conceptos de valor propositivos: el amor como reconocimiento del Otro y la Paz como búsqueda de verdad y justicia traducidas en normas jurídico-constitucionales.

El segundo consiste en la construcción de un consenso económico-social que asegure una adecuada política del ingreso, partiendo desde dos extremos: “el ingreso ciudadano a la niñez” y “ el ingreso ciudadano a la vejez”. A estos se agregan el acceso a la educación en todas las generaciones, a la salud; a la atención primaria y a los medicamentos; a la alimentación; al trabajo individual, colectivo y/o comunitario; el acceso a la vivienda; a la cultura; a una justicia imparcial e independiente, garantizando igualdad de posibilidades y oportunidades; es decir: distribuir ingresos y construir ciudadanía.

Por ultimo, el tercero es la expresión constitucional de los anteriores, consagrando la distribución del poder y la cohabitación para el acceso a los cargos públicos, impidiendo la hegemonía y concentración del poder, reconstruyendo un estado representativo de los intereses generales.

Estamos incluídos dentro de un sistema dominado por una ideología que entroniza el mercado como regulador de la vida social, elimina el campo de valores e idealiza el objeto “dinero” como capacidad de Poder. Se entroniza el pensamiento único donde lo más importante es el Poder y el éxito competitivo, donde unos pocos ganan y muchos otros pierden, quebrando el principio de igualdad como valor aniquilando la libre elección de nuevas posibilidades.

“ Ya no se trata de interpretar el mundo sino de transformarlo” ; no ser solo críticos implacables de todo lo existente sino de bregar por una adecuada y justa sociedad.

El gran desafió de la sociedad argentina es encarar, reconocer y saldar nuestra mayor deuda, aquella que nos agobia y aflige : la Deuda Interna que mantenemos con los marginados y los excluídos recuperando, de esta manera, la ética, la moral y la equidad perdidas.

“Ya que no podemos dirigir el viento, tratemos al menos de orientar las velas”.

Entre todos podremos conseguirlo.

Constituye nuestro mayor y urgente compromiso.

http://www.institutoarendt.com.ar

 

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