Pidieron el procesamiento de los ruralistas y políticos por el corte de la ruta Nº9

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El fiscal federal de San Nicolás Juan Murray pidió hoy el procesamiento de ruralistas y dirigentes opositores, entre ellos la referente de la Coalición Cívica Margarita Stolbizer, por el bloqueo que efectuaron en la Ruta 9 en marzo pasado, en los albores del conflicto entre el gobierno y el campo por las retenciones móviles. Murray pidió al juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo el procesamiento de Stolbizer, María del Carmen Alarcón, los líderes ruralistas Luciano Miguens, Fernando Gioino, Hugo Biolcatti, Mario Llambías y Eduardo Buzzi, e incluso del intendente de San Pedro, Mario Barbieri. Además, el fiscal reclamó que todos sean indagados por el presunto delito de «incendio doloso» de pastizales en la zona, en el marco del mismo conflicto.

La figura por la que de momento el fiscal pidió el procesamiento de los dirigentes opositores está contemplada en el artículo 194 del Código Penal, y establece penas de entre tres meses y dos años para quien «sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire». Pero la figura que propone para ampliarles la indagatoria, incendio doloso, establece penas de entre tres y diez años de cárcel para quien llevara a cabo esa maniobra «si hubiere peligro común para los bienes». Para Murray, los imputados «avalaron» el incendio de pastizales sobre la Ruta 9, lo que significó un «peligro común para los vehículos, mercaderías transportadas y personas que circulaban y que intentaban circular», sostiene su dictamen. Villafuerte Ruzo ya indagó a todos los imputados, pero todavía no resolvió sus respectivas situaciones procesales. También figuran como imputados en la causa el dirigente de la Sociedad Rural de San Pedro Raúl Victores; su hijo Rufino; su par de Baradero, Luis Ducre; Silvio Corti de FAA y los productores agropecuarios Juan Kissling, Juan y Fernando Morreres, Alberto Batalla, Fabián Pascual y Reinaldo Bianchini.

Para Murray, las cuatro entidades más representativas de la protesta contra las retenciones móviles al agro, la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y Confederación Intercoperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (Coninagro), protagonizaron un «lock out patronal» entre marzo y julio. «A diferencia del derecho de huelga de los trabajadores, no existen internacionalmente normas que reconozcan al paro patronal como derecho el cierre patronal puede forzar a los trabajadores a aceptar determinadas condiciones de trabajo o apuntar contra el Estado con el fin de forzarlo a cambiar determinada política pública».

 Fuente: www.sanpedroinforma.com.ar

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