Senado despenalizó delito de calumnias e injurias

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Convirtió en ley por unanimidad la eliminación de la figura penal de calumnias e injurias en la actividad periodística enviada por el Ejecutivo al Congreso. La iniciativa ya contaba con la media sanción de Diputados y en un debate de pocos minutos, todos los legisladores se manifestaron a favor de la adecuación a «parámetros internacionales y constitucionales en términos de libertad de expresión». 

 En total fueron 52 legisladores los que dieron su voto para despenalizar las calumnias e injurias y los presidentes de los bloques manifestaron su acompañamiento a la iniciativa de la Casa Rosada, modificada en algunos puntos por Diputados, prácticamente

Sin debates.

La norma modifica varios artículos del Código Penal relacionados con las calumnias e injurias que decía: «La calumnia o falsa imputación de un delito que dé lugar a la acción pública, será reprimida con prisión de uno a tres años».

El proyecto señalaba que «en ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas» y su sanción es estrictamente económica. En tanto, el artículo 110 que decía «el que deshonrare a desacreditare a otro, será reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisión de un mes a un año» ahora dirá que «será reprimido con una multa de pesos mil quinientos a pesos veinte mil».

«En ningún caso configurarán delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Tampoco configurarán delito de injurias los

calificativos lesivos del honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público», señala la flamante norma.

Según la nueva ley, el acusado de calumnia o injuria no tendrá pena si decide retractarse públicamente aunque esta retractación no se tomará para el acusado como la aceptación de su culpabilidad.

En el año 2000, el periodista Eduardo Kimel fue condenado a un año de prisión y sanciones patrimoniales, por criticar la actuación del juez Guillermo Rivarola en la investigación de la Masacre de San Patricio, en 1976.

Sin embargo, en 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le exigió al Estado argentino dejar sin efecto la condena, indemnizarlo, reconocer su responsabilidad en un acto público.

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2 COMENTARIOS

  1. Me parece otra aberracion de esta onda K-K

    … se podra decir cualquier cosa, total nadie los censuraran ¿?

    Injuriar y calumniar, sera moneda corriente en el periodismo !!!

    ; de tantas mentiras, siempre queda una verdad (falsa);

    Vamos hacia un REAL pais bananero, de cuarta !!!

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