Un empresario lloró tras una inspección en su depósito, denunció a Camioneros y su angustia se volvió viral: “No quiero más a esa gente acá”

“Por darle trabajo, nada más que por eso”, son las palabras que expresa Ricardo Rey antes de romper en llanto en un video que se volvió viral. La angustia, según cuentan sus hijos, nació hace algunos años cuando comenzó a recibir presiones y hostigamientos por parte del sindicato que nuclea a varios de los empleados que trabajan en la distribuidora de alimentos familiar que él mismo fundó en la localidad de San Pedro, en 1991.

Su reacción ocurrió tras una nueva inspección del Ministerio de Trabajo en su depósito de alimentos. “Me vienen a arruinar esos hijos de puta. Qué mierda se creen, no quiero más esa gente acá. No los quiero más”, sostuvo el hombre de 70 años en unas imágenes que fue grabado en los últimos días y replicado masivamente en las redes sociales. Su pyme distribuye alimentos de almacén en todo el país y cuenta con una planta de 35 trabajadores. Allí también trabajan Gustavo y Ariel, sus hijos, quienes atendieron a TN.com.ar y narraron la génesis de este conflicto.

“Nosotros venimos sufriendo la extorsión de esta gente, con repetidas asambleas, sin previo aviso. Quieren que volvamos a ceder, que sigamos pagando. Todo empezó cuando no accedimos a entregarle más dinero al sindicato. Al desistir de ellos comenzaron a bloquearnos la salida de los camiones”, explicó Gustavo Rey a este medio.

En enero de este año, la Fiscalía N° 7 de San Pedro, a cargo de la doctora María del Valle Viviani, recibió la denuncia que efectuó la empresa Rey Distribución, en la que se indicó que representantes del sindicato de Camioneros comenzaron una asamblea sin previo aviso con los empleados que están afiliados. Los denunciados fueron Maximiliano Cabaleyro, delegado regional y secretario general de la CGT San Pedro-Baradero, y Fernando Espíndola, también miembro de Camioneros.

Aquel día, Cabaleyro expresó en diario La Opinión: “No es una medida de fuerza. Estamos retomando los reclamos que tienen hacia la patronal mediante el delegado que fue electo en el depósito y, al no tener respuestas de la patronal, nos convoca a nosotros”. Luego, el también concejal de San Nicolás por el Frente de Todos, puntualizó: “Camiones que salen a repartir sin VTV, sin libreta sanitaria. Un montón de puntos que transmiten ellos y situaciones que, al no tener respuesta, nos llaman”.

El concejal enfatizó en que “el delegado de la empresa y los trabajadores lo vienen planteando hace bastante”. Y agregó: “Una de las respuestas que le dieron al delegado, despectivamente, es que lamentablemente no lo reconocen porque es un negro de m… y no tienen por qué decirle nada. Esas son las posturas que toma la empresa”.

Gustavo Rey desmintió esta acusación y remarcó que “desde el 2017 tenemos que pagarle al sindicato. En su momento eran $20 mil. Después un sueldo mensual. Y cada vez que había elecciones un poco más. Nos llamaban y decían: ‘Tenemos que juntar $1.000.000, así que fijate cuánto vas a poner’. Pero decidimos denunciarlos y enfrentarlos. Por eso pasó todo esto”.

La fiscal Viviani detalló en su momento que los denunciantes manifestaron que “si no le entregan una suma de dinero van a empezar a obstruir la salida de camiones”. Sus declaraciones también ocurrieron en enero y fueron replicadas por el mismo periódico sampedrino. “Yo tengo una denuncia y tengo que cumplir con mi deber de investigar, si hay un delito correspondiente de acuerdo a lo que denuncian se investigará y se realizarán los diferentes pasos que corresponden”, continuó.

Un mes más tarde, al no resolverse la situación, el abogado de los Rey, Daniel Spirópulos, denunció lo acontecido en el Ministerio de Trabajo y solicitaron una conciliación obligatoria para que se resolviera la situación. “El ministerio hizo muchas visitas a la empresa. Tuvimos varias audiencias también. Llegamos a un acuerdo para darle $50 mil a cada empleado. En total fueron $500 mil. También rubricamos otro directamente en el sindicato, porque nos decían que teníamos una deuda con ellos y que si pagábamos eso todo quedaba saldado. Arreglamos otros $500 mil, pero después nos dijeron que eso era un adelanto, que faltaban $232 mil más”, relató Gustavo.